El Plan Cóndor también estuvo presente en la causa Harguindeguy

Alfredo Hoffman/De la Redacción de UNO

Este miércoles se desarrolló la última audiencia fijada en el cronograma de la etapa testimonial del juicio por la megacausa Harugindeguy, aunque podría citarse a dos testigos nuevos antes del inicio de los alegatos. Un solo testimonio escuchó el Tribunal Oral Federal de Paraná; se trata de una víctima del terrorismo de Estado que relató el calvario que vivió desde antes del golpe del 24 de marzo de 1976, cuando fue detenido en Salto, República Oriental el Uruguay, en el marco de Plan Cóndor.

Hugo Alfredo Galvani tenía 23 años, trabajaba en el taller de chapa y pintura de su padre y militaba en la Juventud Peronista de Concordia cuando fue alertado por un amigo, cuyo padre habría tenido conexiones con el poder militar de la época, de que iban a “reventar” su casa. Por ese motivo se trasladó a Uruguay y se refugió en la casa de una familia amiga, pensando que por tratarse de otro país, estaría a salvo. No tenía en cuenta que ya funcionaba el plan de coordinación de operaciones entre las fuerzas armadas de Sudamérica, conocido como Plan Cóndor. Las denominadas “Fuerzas Conjuntas” orientales lo pararon en una calle de Salto y le pidieron documentación. Días más tarde ingresaron a la vivienda donde se alojaba y se lo llevaron secuestrado. Por alrededor de dos meses iba a estar en condición de desaparecido.

Fue trasladado en el baúl de un vehículo al regimiento de esa ciudad. Allí, efectivos militares de Uruguay y Argentina lo torturaron salvajemente con diversos métodos y lo interrogaron acerca de integrantes de organizaciones políticas y sobre cuestiones relacionadas a la represa de Salto Grande, que en ese momento estaba en construcción y cuyos trabajadores tenían una importante actividad gremial. “Me preguntaban por los paros en CTM (Comisión Técnica Mixta de Salto Grande) y si participaba de las manfiestaciones”, comentó. Estaba solo en un calabozo, pero escuchaba que muy cerca había otros interrogatorios.

Mientras tanto, su casa en Concordia fue efectivamente allanada por efectivos del Ejército que respondían al imputado Naldo Miguel Dasso y que “dieron vuelta” la vivienda. Sus padres fueron sacados a la calle y obligados a permanecer acostados en el piso, boca abajo.

Una madrugada lo sacaron encapuchado y lo condujeron hasta el río Uruguay en la parte de atrás de un auto que le pareció muy parecido a los de la CTM. “Me dio mucho miedo, pensé que me iban a tirar al río”, rememoró. Le cambiaron las esposas y lo subieron a una lancha rápida que sí identificó claramente como propiedad del organismo binacional que administra la represa. Pudo reconocer en el grupo de cuatro o cinco personas que lo trasladaba a un oficial de Prefectura argentina, a quien identificó como Jorge Gamberale.

Al llegar al país lo llevaron a “una casa particular” en las afueras de Concordia, cuya ubicación no puede determinar con exactitud. Allí también fue interrogado y por las noches escuchaba gritos. En una oportunidad alguien le gatilló un arma en la sien. Su siguiente destino fue el Regimiento 6 de Caballería y recién en esa oportunidad su familia pudo conocer su paradero.

Ya se había concretado el golpe de Estado y en una cuadra de grandes dimensiones lo alojaron junto a “60 o 70 personas que habían sido detenidas el 24 de marzo”. Entre ellos mencionó al empresario Gualberto Garamendy, el sindicalista de los municipales Félix Román y el gremialista de Salto Grande Aníbal González, entre otros.

Luego de unos días, fueron llevando a los detenidos ante el jefe de área y de esa unidad militar, el imputado Dasso, quien en una oficina les fue comunicando cuál era la situación particular de cada uno. A él le dijo que estaba por averiguación de antecedentes y pasaba a estar a disposicón del Poder Ejecutivo Nacional.

Desde allí, a mediados de abril de 1976, él y numerosos presos fueron trasladados en un ómnibus; un grupo descendió en Concepción del Uruguay y alrededor de 20 fueron llevados a Gualeguaychú y alojados en la Unidad Penal, que estaba bajo las órdenes del imputado Juan Miguel Valentino. Luego de un tiempo que estimó en cuatro o cinco meses, personal que identificó como de Institutos Penales Federales los condujo al aeroclub y los trasladó a la cárcel de Coronda, Santa Fe, esposados en el piso de un avión, con los ojos vendados y encapuchados. “Fue un viaje muy duro, nos pegaban, nos pateaban en el suelo. Llegamos llenos de moretones. Nos dieron un castigo terrible”, recordó el testigo.

El 24 de diciembre de 1977 fue trasladado a Paraná. Lo llevaron ante Juan Carlos Ricardo Trimarco en el Comando de Caballería Blindada, en calle 25 de Mayo. Trimarco le informó que quedaba en libertad y le advirtió: “La próxima vez, un tiro en la cabeza”.

Segunda detención
Galvani pensó en aquella advertencia de Trimarco cuando cayó preso por segunda vez en 1979, junto a un grupo de militantes del Partido Intransigente, del que participaba en ese momento. Esta vez el lugar de detención fue la Jefatura Departamental de Policía, aunque por las noches eran llevados a distintas comisarías. El grupo fue dejado en libertad después de dos semanas, en medio de una fuerte presión del partido que encabezaba Oscar Alende, de otras fuerzas políticas y de organismos de derechos humanos.

Recta final

El juicio que se inició el 21 de marzo continuará el 7 de noviembre dese las 12.30 con las inspecciones en la Unidad Penal Nº 2 de Gualeguaychú y el regimiento de esa ciudad. Aunque el cronograma de testigos finalizó este miércoles, la querella propuso dos nuevas testimoniales vinculadas a las desapariciones ocurridas en Concordia que declararían entre la inspección y el inicio de los alegatos previsto para el 28 de noviembre. En ese lapso también declararían los imputados Dasso, Valentino y Julio César Rodríguez, según solicitó el defensor Mario Fanchi.

Sobre el reciente fallecimiento del exministro del Interior de la dictadura Albano Harguindeguy, el principal procesado del juicio, la presidenta del tribunal, Lilia Carnero, informó que se tomarán las medidas pertinentes una vez que se cuente con la partida de defunción. Recién entonces se dictaría el sobreseimiento por extinción de la acción penal.