El Gobierno de Entre Ríos, a través de instrucciones del gobernador Rogelio Frigerio a la Fiscalía de Estado, promovió dos demandas contra la Nación, por casi 1.000 millones de dólares, una suma que no registra precedentes en la historia entrerriana y convierte a Entre Ríos en una de las jurisdicciones que más reclama al Estado Nacional.
Entre Ríos promovió dos juicios contra la Nación por US$ 1.000 millones
Entre Ríos promovió dos juicios contra la Nación que acumulan casi US$ 1.000 millones. La Fiscalía de Estado amplió la demanda.
9 de junio 2025 · 17:11hs
Entre Ríos promovió dos juicios contra el Estado Nacional que acumulan casi US$ 1.000 millones .
Ambos juicios se tramitan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se tratan de la demanda contra Anses y el reclamo histórico por los incumplimientos a las obligaciones asumidas por al Estado Nacional a raíz de la Construcción de la Represa de Salto Grande. Esta semana, la Fiscalía de Estado amplió la demanda y precisó que la suma retroactiva reclamada asciende a 724 millones de dólares.
Los juicios de Entre Ríos contra la Nación
El primer juicio contra Anses es por la falta de cumplimiento de los Pactos Fiscales de 2017. El objeto de la demanda es que se condene a la demandada al pago de las sumas de dinero resultantes de las diferencias adeudadas derivadas de la obligación de asistencia financiera nacional a los regímenes previsionales no transferidos a la Nación, los cuales están regidos en el Consenso Fiscal de 2017, y aprobado por ley nacional y provincial.
La deuda, que ascendía estimativamente a la suma total de más de 154 mil millones de pesos ($154.606.298.614,49), al momento de interponer la demanda ya supera los 200 mil millones de pesos, si se la actualiza conforme criterios jurisprudenciales.
Las diferencias reclamadas derivan de los siguientes conceptos:
1) Desde 2017 a la fecha: diferencias resultantes de la revisión de la tasa de contribución patronal utilizada para la determinación del déficit anual (en Entre Ríos es ponderada con un valor del 16%, en lugar de la tasa reducida que rige para dicho concepto para las cajas transferidas), con más intereses.
2) Desde 2020 a la fecha:
a) Diferencias entre lo devengado y lo efectivamente transferido a la Caja Provincial por la obligación de asistencia financiera referida, resultantes de la actualización de la base de cálculo para el pago de anticipos provisorios posteriores (determinación del déficit definitivo del año inmediato anterior),
b) Actualización de dichos importes en virtud del índice de movilidad del SIPA,
c) Pago tempestivo de dichas erogaciones, sin atrasos y sin dilaciones administrativas arbitrarias,
d) Todo ello con más intereses.
El juicio por los excedentes de Salto Grande
La segunda demanda planteada persigue el cabal cumplimiento del Pacto Intrafederal rubricado a través del Acta Acuerdo en 1998 que dispone, con un sentido reparatorio, que los excedentes de la explotación de la Represa Salto Grande, una vez deducidos los gastos de operación y mantenimiento, se deben distribuir entre las provincias afectadas por la construcción de la represa, estableciendo la conformación del Fondo Especial de Salto Grande.
Ese juicio se basa en el hecho que la Nación Argentina modificó unilateralmente ese acuerdo por disposiciones de la Secretaría de Energía, disminuyendo ostensiblemente el flujo de excedentes destinados a las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones.
Puntualmente, se solicitó que con relación a Entre Ríos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declare la inconstitucionalidad de las Resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación que directa o indirectamente, menoscaban los derechos de la provincia sobre todo si resultan dictadas por el Gobierno Nacional en forma unilateral, inconsulta y discrecional, ya que regulan a la baja el precio de la energía de Salto Grande, y que reducen deliberadamente los excedentes, afectando el equilibrio económico reparatorio previsto por el pacto en beneficio del Gobierno Nacional y en perjuicio de las provincias contratantes.
Esta semana, el gobernador Rogelio Frigerio y el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, firmaron la ampliación de la demanda y precisaron la suma reclamada en 724 millones de dólares.
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