Los abogados de Lula alegan que el cumplimiento de la pena tras la confirmación en segunda instancia es inconstitucional.
La petición cita el artículo del Código de Proceso Penal que determina que la prisión debe ocurrir "en consecuencia de sentencia condenatoria transitada en juzgado": es decir, cuando no hay más posibilidad de recursos.
El miércoles 24 de enero, la Justicia brasileña ratificó la condena por corrupción pasiva y lavado de dinero contra el ex presidente en una causa relacionada con el escándalo por los desvíos en la petrolera estatal Petrobras.
Los tres magistrados de un tribunal de segunda instancia de Porto Alegre votaron por unanimidad a favor de elevar a doce años y un mes la pena de Lula frente a los nueve años y medio que le había impuesto el juez de primera instancia.
La decisión, adoptada por unanimidad (3-0) por un tribunal de segunda instancia de Porto Alegre, abre la puerta a la inhabilitación política de Lula y deja en manos de la Justicia electoral su posible candidatura presidencial.
Los tres miembros de la sala octava del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región fueron unánimes al concluir que quedó comprobado que Lula recibió el derecho a disfrutar de un lujoso apartamento en la playa de Guarujá como soborno de la constructora OAS por el favorecimiento en contratos con Petrobras.
Además de elevar la pena, los tres coincidieron en que Lula tendrá que cumplir la pena en régimen cerrado y que podrán ordenar su detención cuando la defensa no cuente con más recursos para intentar modificar la condena en segunda instancia.
Fuente: Infobae