Israel decidió no quitar la nacionalidad israelí y, en consecuencia, tampoco extraditar a la Argentina a Aníbal Teodoro Gauto, un supuesto ex agente civil de la última dictadura acusado de delitos de lesa humanidad y prófugo de la Justicia.
Así lo informó la Agencia Judía de Noticias (AJN) y agregó que "Israel ha concluido que no anulará la ciudadanía israelí" de Gauto "a pesar de las acusaciones de que cometió crímenes de guerra y sospechas de que mintió en su solicitud de inmigración" al país de Oriente Medio.
Según la agencia, el gobierno israelí argumentó que "durante los 14 años de estadía en Israel, no ha cometido ningún delito".
Gauto se instaló en Israel en 2003, tomó la nacionalidad vía matrimonio con una mujer de ese país, cambió su nombre a Yosef Carmel y vive en la ciudad de Haifa.
En la lista de presuntos represores de la última dictadura que permanecen prófugos, elaborada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humano, figura con un anuncio de 500 mil pesos de recompensa a quien aportara datos para su localización.
La Justicia argentina imputó a Gauto en la causa penal 16.419 que investigó, entre otros, el centro clandestino de detención "La Cacha", dependiente de la Policía Bonaerense y que funcionó en las afueras de La Plata.
En una entrevista a un canal de televisión de Israel, Gauto negó su participación en crímenes contra la humanidad y aseguró que sólo realizaba tareas administrativas, elaborando fichas con nombres de activistas.
"Recibía hojas con el historial de las personas: nombre, apellido, casado o no, fecha y lugar de nacimiento, ideología (comunista, marxista-leninista), si habían hecho algo como 'terroristas', y categorizarlos", agregó.
La AJN indicó que un periodista había presentado una petición para extraditar a Carmel (Gauto) a la Argentina con base en una orden de arresto de la Interpol en noviembre pasado.
En el juicio por los crímenes cometidos en "La Cacha" Gauto no fue juzgado "porque su paradero era desconocido y la ley argentina no juzga a las personas en ausencia".
Los delitos que se le imputaban a Gauto (sospechado de pertenecer al Batallón 601 de Inteligencia del Ejército), como a otros represores de la última dictadura militar, eran homicidio, privación ilegal de la libertad, tormentos y sustracción de menores.