En el marco del proceso de jury que se lleva adelante contra el juez de Ejecución de Penas y Sentencias de Gualeguaychú, Carlos Rossi, quien será juzgado por su intervención en la liberación de Sebastián Wagner antes de cometer el femicidio de Micaela García, el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia dio a conocer un documento con una serie de aclaraciones sobre las recusaciones planteadas por la defensa del magistrado.
El Jurado de Enjuiciamiento emitió un comunicado sobre el jury al juez Carlos Rossi
Rossi será juzgado por su intervención en la liberación de Sebastián Wagner antes de cometer el femicidio de Micaela García.
24 de junio 2017 · 10:18hs
"En relación a las denuncias formuladas contra el juez Carlos Alfredo Rossi, se han producido diversos planteos recusatorios contra algunos de los integrantes titulares y suplentes de este cuerpo y, hasta la fecha, ninguna de esas recusaciones ha sido aceptada por el Jurado, el cual no ha logrado aún terminar de integrarse", explicó en un comunicado el organismo, y añadió: "Las recusaciones no pueden ser aceptadas ni rechazadas por el presidente del Jurado, salvo aquellas que por su extemporaneidad o manifiesta absurdidad permitan su liminar desestimación".
En el documento, conocido ayer, se destacaron las siguientes cuestiones: "El Honorable Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Entre Ríos considera necesario aclarar que, en el régimen institucional del sistema republicano que garantiza la división de poderes, constituye un órgano de la Constitución que, aunque integrado por representantes de distintos estamentos –actualmente Superior Tribunal de Justicia, Poder Legislativo y Colegio de Abogados de Entre Ríos– mantiene autonomía e independencia de todos ellos y su proceder se rige por las disposiciones de la Constitución de Entre Ríos (arts. 218 a 228) y la normativa de la Ley Nº 9.283, debiendo expedirse con absoluta imparcialidad e independencia de criterio en los asuntos en que deba intervenir, no aceptando presiones, directivas ni intromisiones de ningún otro órgano o funcionario del Estado, actuando estrictamente con sujeción a la ley y a la Constitución, tal como juraron desempeñar el cargo cada uno de sus miembros, y no de acuerdo al interés ni a la voluntad de distintos sectores, debiendo asegurar la legalidad del debido proceso".