Este martes en la Cámara de Diputados se realizará una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, en la que se tratará el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para crear la Fiscalía Anticorrupción. La iniciativa fue anunciada por el gobernador Gustavo Bordet en la Asamblea Legislativa del 15 de febrero y se propone cumplir con uno de los mandatos de la Constitución provincial reformada en 2008.
Diputados tratará el proyecto de Fiscalía Anticorrupción
El proyecto de ley enviado por Bordet para crear la Fiscalía Anticorrupción será tratado esta semana en comisión en Diputados.
3 de abril 2022 · 12:46hs
La agenda de comisiones de esta semana de la Cámara de Diputados de Entre Ríos comienza el martes a las 9 con la reunión de la Comisión de Legislación General, presidida por la diputada Carina Ramos (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos). Luego, a las 10.30, será el turno de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside el diputado Juan Pablo Cosso (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos). Allí tendrá tratamiento el proyecto para crear la Fiscalía Anticorrupción.
En tanto, este miércoles a las 10 habrá reunión conjunta de la Comisión de Cultura y Turismo y de la de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, presididas por el diputado Mariano Rebord y la diputada Vanesa Castillo (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), además de que Cultura y Turismo continuará con su agenda a las 10.30.
Por otro lado, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología se reunirá este jueves a las 10 con la Banca de las Mujeres, Géneros y Diversidad, presididas por las diputadas Stefanía Cora y Mariana Farfán (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos).
La Fiscalía Anticorrupción
Hace dos semanas, el gobernador Gustavo Bordet envió la Legislatura el proyecto de ley por el cual se crea la Fiscalía Anticorrupción, algo que el mandatario había anunciado al inaugurar el periodo de sesiones ordinarias el 15 de febrero.
El nuevo instituto funcionará en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y tendrá a su cargo la investigación y acusación de los delitos contra la administración pública provincial cometidos en la provincia o fuera de ella, así como también promoverá la investigación de la conducta de los funcionarios y empleados de los tres órganos de gobierno (legislativo, ejecutivo y judicial) del Estado provincial, municipal y comunal.
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Según el proyecto, la nueva Fiscalía contará con un cargo de fiscal anticorrupción, con jerarquía de procurador adjunto; dos cargos de fiscales anticorrupción adjuntos, uno con asiento en Paraná y otro con asiento en Concordia; un profesional de la abogacía con trayectoria acreditada en procesos administrativos, que tendrá jerarquía de fiscal auxiliar ministerio público; dos cargos de Contadores Públicos Nacionales o Licenciados en Ciencias Económicas, que formarán parte del equipo pericial; un experto en Informática, que deberá acreditar Licenciatura o Ingeniería en Informática, con idoneidad para la investigación de datos obrantes en sistemas digitales; dos cargos de Oficial Mayor, y dos cargos de Oficial Auxiliar.
El Fiscal Anticorrupción y los Fiscales Adjuntos deberán cumplir los requisitos establecidos por el artículo 188 de la Constitución Provincial. Serán designados con intervención del Consejo de la Magistratura y deberá otorgarse mayor puntaje a quienes acrediten antecedentes vinculados a la prestación de servicios en la administración Pública Nacional, Provincial o Municipal.
Además, los fiscales serán inamovibles en sus cargos y competencias dentro de la Fiscalía Anticorrupción mientras dure su buena conducta, y solo podrán ser removidos por los procedimientos establecidos por la Constitución Provincial y la Ley de Jurado de Enjuiciamiento.
Los cargos de peritos enunciados en el proyecto serán designados por Decreto del Poder Ejecutivo, previo concurso público con intervención y apoyatura del Consejo de la Magistratura, con participación de los Colegios profesionales según las competencias requeridas, conforme el procedimiento que dicte el Decreto reglamentario.
