Un vecino sugirió a concejales que combatan avance de la droga

Un vecino de Santa Elena, en el norte entrerriano, le reclamó al Concejo Deliberante de esa ciudad que se instrumenten acciones para enfrentar el flagelo de la droga, un problema que fue denunciado públicamente por la Arquidiócesis de la localidad y que durante una visita le fuera transmitido al arzobispo Juan Alberto Puiggari. En un escrito que fuera presentado el 7 de octubre ante el cuerpo deliberativo, Mario Vega propuso a los concejales promulgar una ordenanza de declaración nombrando a Santa Elena Ciudad hostil a las drogas. Vega enumeró varias causas en las que se sustenta su pedido, que en especial apunta a proteger el porvenir de los jóvenes y a mejorar su calidad de vida. En su análisis de la problemática, subrayó: "Su avance se puede ver reflejado en un mayor caudal de delincuencia, con robos pequeños y otros no tanto, incluyendo armas, que nos empiezan a asemejar con otras ciudades que nos parecían muy lejanas".

En el anteproyecto impulsado por Vega está prevista la colocación de cartelería para concientizar sobre los riesgos que implica el consumo de estupefacientes. Asimismo abogó por la realización de charlas, la entrega de folletería y ayuda a las familias que lo necesiten, como así también la recepción de denuncias y hechos sobre esta situación. "Cada vez hay más jóvenes consumiendo, hay escuelas que han denunciado –hechos- de violencia y que creen que es por este mismo motivo. La preocupación es controlar un poco qué es lo que estamos haciendo; venimos hablando hace meses con los concejales y nadie hace nada. Nos vimos obligados a hacer este escrito para ver si lo toman", advirtió en declaraciones a un programa radial.

La preocupación de los vecinos de Santa Elena se acentuó después del asesinato de Gisela López, un caso que interpeló de tal modo a sus habitantes que reaccionaron en reclamo de justicia. Vega admitió que la dirigencia política viene desoyendo su pedido, por lo que ahora buscará poner en palabras aquello sobre lo que nadie habla. El autor de la iniciativa dijo que se deben controlar los ingresos a la ciudad y el río a través de Prefectura: "Es muy fácil ingresar y llevar cualquier cosa. En este debido contexto algo tenemos que hacer. Anoche -por el miércoles- me enteré de que en la ciudad había una oficina llamada Dirección Municipal de Control de Adicciones y que el gobierno entrante la eliminó. Estaba creada por ordenanza".

Vega, como vocero de sus coterráneos, definió a la droga "como el flagelo más grande de la sociedad" y por lo tanto, llamó a: "Proteger el futuro de nuestro jóvenes, que son nuestros futuros gobernantes, y que van a hacer de este país un país mejor, tienen que estar defendidos por nosotros. Hoy uno como padre cuando sale un hijo se siente un poco desprotegido, vos no sabés qué puede pasar". También recordó que la Iglesia Católica hizo una presentación ante el Juzgado de Paz de Santa Elena para que se tomen los recaudos necesarios, aunque cuestionó que no haya seguido el trámite a los tribunales de La Paz. En su testimonio reconoció que hasta ahora se trata de una cruzada unipersonal y que los santaelenenses miran para el costado, más allá de que pidió adhesiones al Sindicato Municipal, al Centro de Comercio y al gremio de los docentes, sin ningún resultado. "Nadie hasta el día de la fecha ha llamado para preguntar qué es esto, qué se puede hacer. Tal vez tienen muchas preocupaciones, pero es un tema demasiado importante para no dejar en banda a nuestros hijos", sentenció. Consciente de la gravedad del problema, Vega se quejó de la "hipocresía" instalada en la sociedad, porque cuando comparte charlas con vecinos todos saben dónde, cuándo y a qué hora se vende la droga. "Pero a la hora de poner la firma para solucionar este tema nadie sabe nada, nadie conoce, todos se borran. Yo sé que es difícil. También tengo miedo como el cura Viroche; este tema se soluciona con educación, cultura y deporte, siendo nuestro principal problema la falta de trabajo", apuntó.