Se agrava la situación financiera de instituciones que atienden personas con discapacidad

La situación que atraviesan varias de las instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad en Paraná es “desesperante”, según lo definen sus referentes, que desde hace más de un año vienen advirtiendo el ahogo financiero que están sufriendo debido a que se sigue engrosando la deuda que mantiene la Nación con las mismas a través del programa federal Incluir Salud.

Las más afectadas son la Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Aminorados (Apana), la obra Don Uva, y la escuela privada de educación integral Nº 9 San Francisco de Asís, que es la única de la región que asiste a quienes padecen discapacidades severas y profundas. Entre todas conforman el Foro de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que además está integrado por distintas agrupaciones a nivel país, y dieron cuenta de la asfixia económica que padecen y que ya los llevó a tomar la drástica decisión de reducir su planta de personal.

En la escuela San Francisco de Asís fueron 11 trabajadores los que debieron ser despedidos la semana pasada, tal como informó UNO en su edición del jueves, y si bien hoy hay una audiencia de conciliación en la Secretaría de Trabajo provincial, sus autoridades aclararon que no tienen opción de reincorporarlos debido a que no cuentan con recursos para afrontar los salarios. “En nuestro caso eran 119 personas las que estaban trabajando, y en total son 11 personas despedidas, que alcanza al 8,6% del personal”, evaluaron Silvia Pasquet, presidenta la Cooperadora de la institución, y María Delia Rubinetti, apoderada legal de la escuela San Francisco de Asís e integrante del Foro que se constituyó para dar una respuesta a esta problemática.

Ambas recordaron que son alrededor de 130 los usuarios que concurren a la institución y que debido a los recortes se vieron obligados a interrumpir un tercer turno de atención que estaban brindando. “La situación es realmente muy difícil. Son tres instituciones que se sostienen con la Cooperadora de San Francisco de Asís y tratamos de no tener que cerrar ninguna”, expresaron. No obstante, lamentaron: “Estos dos últimos meses se abonó el sueldo en dos veces, no se pudo pagar aguinaldo en tiempo y forma y debimos hacer un convenio con AFIP para pagar aportes. Y de parte de la Nación no hubo ninguna respuesta efectiva”.

En tanto, Joaquín Gareis, apoderado legal de la obra Don Uva, quien junto a Santiago Maranzana, coordinador de la misma, se reunieron ayer con representantes de las otras dos instituciones, manifestó: “Las instituciones han tenido que reestructurarse internamente para poder seguir sosteniéndose y continuar con las prestaciones de las personas con discapacidad. En el caso de la obra Don Uva hemos afectado un 8% de la planta total de empleados desde enero hasta la fecha, que son unas ocho personas de las 95 que formaban parte del plantel que brinda servicios a unos 130 usuarios”.

“En cada una de las instituciones buscamos como última alternativa tocar la planta de empleados. En nuestro caso pusimos en venta propiedades que pertenecen a la obra Don Uva; tuvimos que cerrar las dependencias que teníamos en calle Italia y trasladar los servicios al domicilio de calle General Paz. Pero llega un punto donde lo exiguo de las actualizaciones de los nomencladores se hace de tal manera que no nos queda otra que intervenir en el personal. Estamos en un cuello de botella”, remarcó.

Por su parte, Cristina Ripari, directora de Apana, señaló: “En nuestra institución la cantidad de personal que se redujo es de aproximadamente del 17%, es decir, un poco más de ocho personas que ya no trabajan con nosotros”.

Por otra parte, indicó que en el caso de APANA unos 30 chicos del total de 70 que asisten a la entidad son beneficiarios del programa Incluir Salud. “Ninguno ha quedado sin atención”, subrayó.

En tanto, de los 130 alumnos de San Francisco de Asís, un 45% son usuarios de este plan de cobertura nacional. “Son casi la mitad, pero todos siguen siendo atendidos”, dijo por su parte Pasquet.

“En Don Uva tenemos el 35% de Incluir Salud, de 130 personas que concurren. Pero no solo tenemos problemas con la Nación con lo que es este programa, sino también con el Iosper en Entre Ríos”, afirmó Gareis, y explicó: “Las obras sociales grandes nacionales son las que tienen mayores cápitas dentro de nuestras instituciones, por lo cual la interrupción de los pagos genera un impacto económico y financiero mucho mayor, y es más agresivo. En el caso de Don Uva, la última vez que cobramos Incluir Salud fue en abril, y en Iosper tenemos deudas de prestaciones de todo lo que va de 2019. En un contexto inflacionario nos afecta muchísimo, concluyó, sin vislumbrar una salida inmediata a la realidad que están atravesando y que pone en serio riesgo la atención de una franja de la sociedad que depende de este tipo de servicios.

El gobierno provincial garantiza el transporte

Mientras los pagos del programa Incluir Salud se dilatan, son quienes concurren a las mismas los que se ven afectados, ya que están en riesgo sus derechos a una atención integral.

Si bien la responsabilidad es de la Nación, las instituciones destacaron el esfuerzo que el gobierno provincial viene realizando para garantizar los servicios de transporte a las personas con discapacidad, ya que a principios de este año la Agencia Nacional de Discapacidad transfirió a las provincias esta responsabilidad.

Cristina Ripari y Mirima Berón, directora y vicedirectora de Apana respectivamente, comentaron al respecto: “Nos conformamos en un foro a raíz de todos los recortes que se están haciendo en la Nación y que lamentablemente provocan situaciones de crisis. Frente a esto, hubo muy buena respuesta de parte del gobierno provincial, que garantizó la continuidad del transporte para no poner en riesgo la atención de los usuarios”