Fuentes judiciales informaron a Télam que el Tribunal de Juicios y Apelaciones de dicha ciudad del sur de la provincia de Entre Ríos hizo lugar a los recursos contra el fallo de primera instancia presentados por las defensas de los dos condenados, la fiscalía y los abogados de la familia de la víctima.
Jorge Impini, letrado que representa a los García, explicó a Télam que tanto ellos como la fiscalía apelaron la absolución de Pavón (35) como partícipe del crimen junto a Wagner (30) que dictaron los jueces María Angélica Pivas, Roberto Cadenas y Darío Crespo a cargo del debate que terminó el 17 de octubre. Por su parte, Hugo Barreto, defensor de Pavón, pidió que éste sea declarado inocente del delito de "encubrimiento agravado" por el que lo condenaron; mientras que el el abogado Andrés Carbajal, pidió que responsabilicen a su defendido Wagner sólo del abuso sexual de Micaela, pero no del homicidio.
El tribunal de primera instancia condenó a Wagner como autor de "abuso sexual con acceso carnal, en concurso ideal con homicidio agravado por ser con alevosía, criminis causa y violencia de género" y unificó sus condenas anteriores por otros dos casos de violación y por los que ya había quedado en libertad en 2016. En tanto, en el juicio resultó absuelto Gabriel Otero (21) luego de que la fiscalía no lo acusara por el beneficio de la duda.
Para los jueces, fue importante la declaración de Nora González, pareja de Wagner y madre de Otero, quien dijo que lo encontró "en un estado calamitoso y embarrado, con lesiones en su cuerpo" y lo señaló como "abusador sexual serial y asesino que tuvo en vilo al país".
Micaela García (21), estudiante de Educación Física de Gualeguay y oriunda de Concepción del Uruguay, fue vista con vida por última vez cuando salía de un boliche de Gualeguay el 1 de abril y su cadáver fue encontrado una semana después en un descampado a las afueras de esa ciudad.
Las médicos forenses determinaron que la joven había sido violada y estrangulada. Al momento del crimen, Wagner estaba en libertad condicional, a pesar de sus antecedentes por delitos sexuales y de un informe penitenciario que desaconsejaba otorgarle ese beneficio, el cual le fue concedido por el juez de Ejecución Penal Carlos Rossi, quien ahora enfrenta pedidos de destitución en la Legislatura entrerriana.