Megajuicio a Sergio Urribarri: hoy declara el imputado Tamay

Este lunes se reanuda el megajuicio contra el exgobernador Sergio Urribarri, empresarios y exfuncionarios acusados de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. Lo más trascendental estaría en la declaración del imputado Gustavo Tamay.

También está programado para esta jornada la declaración como testigo de Lucrecia Zuttión y Rubén Cabrera. Sin embargo, Zuttión informó que no podrá concurrir por su trabajo. Por tal motivo, los defensores desistieron de su declaración. El tribunal que juzga al exgobernador está integrado por los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón.

Aún hoy es incierto cuando finalice el juicio. La semana pasada el presidente del tribunal Chemez señaló que esperan que se produzca toda la prueba antes de fin de año.

Gustavo Tamay está imputado en el legajo que se conoce como “causa de las imprentas”.

Los fiscales sostienen que realizó certificaciones de publicidad amañadas, en el marco de su rol en el área de Comunicación del Gobierno de la provincia. Aseguran que en los expedientes de publicidad en la vía pública para emitir las órdenes de publicidad, encontraron certificaciones realizadas con técnicas de fotomontajes y señalaron retoques con el objetivo de disimular la repetición.

La defensa que había citado a Zuttión, fiscal del Tribunal de Cuentas, anunció que desistirá de la declaración de la testigo.

Rubén Cabrera, apoderado del Partido Justicialista (PJ) en Entre Ríos.

En el megajuicio acumula cinco legajos por presunta corrupción en el gobierno de Entre Ríos, bajo los mandatos del exgobernador Sergio Urribarri -quien está exceptuado de participar de la audiencia para cumplir con sus tareas en las embajadas de Israel y Chipre, donde vive actualmente con su esposa Ana Lía Aguilera-.

El primero de los legajos investigados en el Ministerio Público Fiscal -representado en este debate por la fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, y los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull- se conoce como “causa de la vaca” o “causa de las imprentas”. Tiene como imputados al exgobernador Urribarri; el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador y empleado del Senado; a Alejandro y Luciana Almada; a Maximiliano Sena; a Emiliano Giacopuzzi -los cuatro como directivos de las empresas Tep y Next-; a Gustavo Tamay como responsable de certificación de publicidad en la vía pública del exMinisterio de Cultura y Comunicación; y a Corina Cargnel, contadora de las empresas.

La hipótesis principal apunta al direccionamiento de publicidad estática en las calles y rutas, en favor de las empresas que adjudican a Juan Pablo Aguilera. En esta causa también está imputado el publicista de Concepción del Uruguay, Fernando Montañana, pero fue apartado del debate oral y se lo juzgará oportunamente porque atraviesa una situación de salud comprometida. También estuvo imputado en este proceso el publicista paranaense Jesús Bustamante quien, en febrero de 2018 arribó a un acuerdo de juicio abreviado con Fiscalía por el cual aceptó una pena condicional de 2 años y 8 meses. Estos dos publicistas, sostienen los fiscales, aceptaron aparecer como beneficiarios de diversas contrataciones con el Estado entrerriano siempre y cuando retornaran parte del dinero percibido a las empresas Tep y Next que, de ese modo, concentraron toda la publicidad en la calle. La investigación abarca un período que va de 2010 a 2015.

Se ventila también el legajo conocido como “sueño entrerriano” que acumula tres expedientes: la causa Cumbre del Mercosur; Parador Playero en Mar del Plata; y Solicitada. Los imputados son Urribarri; Báez; Gustavo Javier Tórtul; Aguilera; Cargnel; el exministro de Turismo; Hugo Marsó; y Gerardo Caruso. La hipótesis acusatoria sostiene que a través de gastos del Gobierno de Entre Ríos se financió la campaña presidencial del exgobernador Urribarri.

El último legajo del megajuicio es el conocido como “Global Means”, a partir del cual se investigó la adjudicación de publicidad en 18 medios gráficos del país a una empresa que, cuando recibió el beneficio, no estaba constituida como tal y tampoco aparecía en el registro de proveedores del Estado.

En el debate intervienen, además de los fiscales, los defensores Raúl Barrandeguy; Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende; Emilio Fouces; José Velázquez; Ignacio Díaz; Juan Méndez y Miguel Cullen.

Los delitos acusados son Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública. Los fiscales calculan un desfalco que supera los 7 millones de dólares.