Juzgan a un transportista acusado de abusar de una discapacitada

A nueve años de la denuncia contra un transportista escolar de Paraná acusado de abusar sexualmente de una mujer discapacitada, se abrieron nuevamente las esperanzas en la familia de la víctima de lograr justicia. Miguel Rochi comenzó ayer a ser juzgado por segunda vez: la primera fue en 2011, cuando un tribunal lo absolvió por el beneficio de la duda. Luego en Casación anularon aquel fallo y ordenaron hacer un nuevo juicio, que tardó demasiado en llegar.

El tribunal integrado por Ricardo Bonazzola, Alejandro Grippo y Pablo Vírgala escuchó ayer las declaraciones testimoniales de la víctima, que hoy tiene 50 años, de una docente de la institución a la que concurría, un médico, un psicólogo y un psiquiatra, quienes además respondieron las preguntas de la Fiscalía, del querellante que representa a la víctima, Marcos Rodríguez Allende y del abogado defensor Guillermo Retamar.

Los hechos que se le imputan a Rochi ocurrieron durante 2007. El hombre y su esposa tenían una Traffic en la que trasladaban a personas discapacitadas a una institución de la capital entrerriana. Por la mañana la mujer los llevaba y al mediodía él los buscaba. La víctima era la última en ser llevada a su vivienda, ya que estaba a cuatro cuadras de la del acusado. Cuando quedaba sola en el vehículo el conductor desviaba el trayecto hacia donde cometía las violaciones. Además, otros abusos los cometía en su casa, antes de que llegara su esposa.

La víctima llegó un día llorando a la escuela, y se lo contó a la profesora del taller de Tejido, quien lo comunicó a la madre y esta en abril del año siguiente radicó la denuncia en la Justicia.

Ayer en la audiencia se pudo escuchar el relato de la víctima, que pese a su discapacidad mental calificada como leve a moderada, y al paso del tiempo, pudo relatar lo sufrido y comprometió seriamente a Rochi. Lo mismo sucedió con la docente, y con los profesionales de la salud mental que ratificaron lo que habían sostenido en sus respectivos informes, sobre la veracidad de los dichos de la víctima. La madre de la mujer no pudo declarar por su avanzada edad y su estado de salud.

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Años atrás, otros criterios

En marzo de 2011, había sido llevado a juicio el transportista de Paraná. El tribunal de aquella oportunidad era el de la Sala 1 y estaba integrado por Hugo Perotti, Miguel Ángel Giorgio y José María Chémez. Las pruebas fundamentales de la acusación fueron los informes de los psicólogos y psiquiatras, además de la declaración de la víctima, por lo cual la Fiscalía había pedido 10 años de prisión y la querella 13 por el delito de Abuso Sexual con Acceso Carnal en Forma Reiterada. Pero para los jueces las pruebas fueron insuficientes: la denuncia había sido demasiado tarde para obtener pruebas genéticas, y los testimonios de los profesionales de la salud mental que entrevistaron a la víctima, el de la madre y de una psicopedagoga no convencieron al tribunal. A su vez, Rochi se declaró inocente. Las dudas lo beneficiaron y el imputado logró una absolución, pero le duraría solo unos meses.

La Fiscalía y la querella presentaron un recurso de Casación, y cuestionaron duramente el fallo absolutorio ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. En esa oportunidad, el procurador general Jorge García le apuntó a dos argumentos de la sentencia: primero, sobre la imposibilidad de que se cometa el abuso en un espacio reducido como los asientos traseros del vehículo, lo que consideró como refutable por la experiencia normal de cualquier persona; segundo, sobre la presunta impotencia sexual del acusado, que la tendría con su esposa pero no con la víctima, aseguró.

En octubre de 2011, los vocales del STJ Claudia Mizawak y Carlos Chiara Díaz coincidieron con la acusación y revocaron la sentencia, mientras que en disidencia había votado Daniel Carubia, para mantener la absolución. De este modo, dispusieron hacer un nuevo juicio, pero la orden tardó cinco años y medio en cumplirse.

En el fuero penal se comenta que ha cambiado en los últimos años el criterio de los tribunales sobre los casos de abuso sexual. Antes se requería un caudal de pruebas mucho más abundante, no bastaba con la declaración de la víctima y el informe de los psicólogos y psiquiatras que acreditaran la veracidad de sus dichos. Hoy es distinto, ya que en muchos fallos se observa que se le da mayor crédito a la persona que denuncia, y se pone el foco sobre el imputado, en lugar de dudar del testimonio de la víctima. Es un avance, cuestionado muchas veces por los defensores que reclaman se tengan en cuenta otros elementos que contradicen las denuncias.