El Servicio Penitenciario respondió a las críticas de la Jueza Bértora

Hay un llamativo cortocircuito entre la Jueza de Ejecución de Penas de Paraná Cecilia Bértora y el Servicio Penitenciario. La magistrada hizo una presentación judicial reclamando la investigación de supuestos hechos delictivos dentro de la cárcel de Paraná. La acusación la tomó la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

El STJ inició una causa por irregularidades en la cárcel

En referencia a la presentación administrativa formulada por la Jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, Cecilia Bértora, ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, sobre una serie de hechos acaecidos en el ámbito de la Unidad Penal Nº1 de Paraná, la Dirección General del Servicio Penitenciario comunica que:

En relación al hecho acontecido el 22 de marzo, advertido por la Jueza de Ejecución, en el cual como producto de una requisa realizada en uno de los pabellones de la Unidad Penal N° 1, se secuestró dinero en efectivo, psicofármacos y celulares, se informó lo sucedido inmediatamente a la Dra. Bértora y se llevó a cabo el procedimiento administrativo interno, elevándose en tiempo y forma lo y bajo expediente lo actuado al Juzgado que tiene a su cargo. Es de destacar, que en tal oportunidad la jueza dispuso el traslado de uno de los internos involucrados en el hecho a otro establecimiento carcelario como medida preventiva.

Asimismo, se presentó un informe pormenorizado ante la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, a su requerimiento.

Por otra parte, en cuanto a la suma de dinero hallada, cuestionada por la Magistrada en razón a versiones periodísticas desacertadas, se encuentra documentada detalladamente en el Acta de Procedimiento.

Vale aclarar que el Servicio Penitenciario y su accionar cotidiano se encuentra sujeto a la supervisión y control de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

Cuando se detecta la comisión de una conducta presumiblemente delictiva por parte de algún integrante de la población penal, como ser el hallazgo de estupefacientes secuestrados durante procedimientos de requisa y controles, se pone en conocimiento inmediatamente a las autoridades judiciales competentes. Asimismo, se da intervención a las Fuerzas Policiales o de Seguridad a fin de que lleven a cabo los procedimientos de rigor.