La Justicia consideró que, si Juan Ignacio Musuruana queda libre, la investigación por la agresión sufrida por el intendente de Paraná, Sergio Varisco, no corre riesgo. Ayer, al vencer la medida de prisión domiciliaria dictada, se realizó una audiencia en la cual se resolvió que la misma sea prorrogada por una semana, tras la cual el imputado podrá quedar libre, con restricciones. En esa condición aguardará el desarrollo de la causa, hacia el juicio oral y público, aunque hoy no se descarta un abreviado. La principal traba para un posible acuerdo es la grave calificación penal del hecho, que tiene una pena mínima de cinco años de prisión efectiva.
El joven que agredió a Varisco quedará en libertad hasta el juicio
Juan Musuruana estará con domiciliaria seis días más. La Fiscalía había solicitado la prórroga de la medida para resguardar la investigación
1 de noviembre 2019 · 22:58hs
Así, desde el 7 de noviembre Musuruana recuperará su libertad con restricciones, como las que cumplen los otros dos acusados, Vanina Julieta Gauna y Claudio Javier Godoy, quienes están en libertad pero con restricciones. Ambos acompañaban al acusado de provocar la caída y posterior fractura de cadera del intendente mientras le efectuaba un acalorado reclamo por un contrato prometido, en la puerta de la casa de la madre de Varisco, en Pellegrini al 100.
La fiscal Natalia Taffarel pidió prorrogar las medidas de coerción y la prisión preventiva domiciliaria por otros 30 días para Musuruana, tiempo en el cual prevén concluir con la investigación. Los querellantes que representan a Varisco, Rubén Pagliotto y Miguel Ángel Cullen, se plegaron a lo peticionado por la fiscal para que los testigos no sientan temor para ir a declarar.
La defensora oficial Fernanda Álvarez informó que el joven consiguió trabajo en un lavadero y por tal motivo pidió que se deje sin efecto la prisión preventiva domiciliaria.
Sin embargo, la jueza de Garantías Marina Barbagelata determinó que el joven que agredió al intendente de Paraná continúe con la prisión preventiva domiciliaria hasta el 7.
Los tres acusados afrontan la acusación por Amenazas coactivas agravadas por el propósito de obtener alguna medida de parte de un miembro de uno de los poderes públicos, que tiene pena de entre cinco y 10 años de prisión.
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