El jefe de una banda delictiva firmó un abreviado pero se fugó

Tres años después de haber sido desbaratada la organización que lideraba junto a su hermano para perpetrar múltiples delitos en Concordia y alrededores, Francisco Alcides “Chiquito” Castro se resignó, decidió no ir a un juicio y firmar un acuerdo con la Fiscalía. Pero el día que se tenía que presentar en la cárcel, el jefe de la banda se borró y desde está prófugo. Quien sí firmó su abreviado y ya está cumpliendo la pena es Elsa Lacuadra, quien regenteaba un prostíbulo que funcionaba también como aguantadero de drogas y otros delitos. Queda un imputado que es policía acusado de proteger a la banda que irá a un juicio oral.

El caso de Castro sorprendió a muchos. No porque sea un hombre de fiar, sino porque su actuación en el proceso venía siendo correcta. Estuvo siempre a derecho y prefirió evitar un debate y acordar con el fiscal José Arias una pena. Tras las negociaciones del caso, con su defensor Osvaldo Sarli consintió cumplir cinco años de prisión efectiva.

En la audiencia ante el Tribunal confesó, como si tuviera el corazón en la mano, haber participado de la asociación ilícita que se dedicaba a robos, venta de drogas y de armas, así como el negocio que las circunstancias pusieran en su camino. Aceptó purgar la pena en la Unidad Penal de Concordia. Llegó excarcelado a esta instancia, por lo que debía esperar que el fallo quede homologue el acuerdo para ir a la cárcel.

Luego de esa audiencia, se debían aguardar los 10 días para que el juez Eduardo Degano dictara la sentencia. En ese lapso, Castro se arrepintió. Intentó negociar una pena menor a cambio de aportar información y pruebas que comprometían a otras personas. Pero las cartas ya estaban echadas y la sentencia en plena redacción.

El día que debía presentarse en el penal, no hubo noticias de Chiquito. Lo fueron a buscar y nadie sabe dónde está. El Tribunal de Juicio libró el pedido de captura y lo declaró prófugo.

Sobre Castro pesa la imputación de al menos cinco hechos delictivos cometidos dentro de la Asociación ilícita, principalmente robos con uso de armas de fuego.

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Prostitución y drogas

Elsa Lacuadra era una de los 24 imputados en esta investigación que instruyó desde 2019 hasta 2020 el exfiscal Francisco Azcué. Esta mujer era la dueña del prostíbulo que funcionaba en inmediaciones de la autovía nacional 14 y la ruta provincial 22. Ese lugar era una especie de base de operaciones de la organización delictiva. Pero todo lo que pasaba allí era dirigido y supervisado por el sargento de la policía provincial, Ricardo Petelín, quien ya fue condenado.

En una de las escuchas telefónicas a las que tuvo acceso UNO quedó claro cómo funcionaba el negocio. En ese llamado, conversan Petelín con una mujer, a quien le cuenta que el negocio estaba en caída porque “el personal que tiene la Negra, más vale quedate en tu casa”, entre otras frases irreproducibles. Además, el expolicía le cuenta que allí iban los narcos a aguantar la droga que luego ingresaban en la madrugada a la ciudad de Concordia, y parte de la sustancia también se vendía en ese lugar. Sin embargo, Petelín lamentaba que por los controles de la Policía Federal por la Ley de Trata hicieron decaer este rubro del negocio.

Lacuadra aceptó ahora la pena de cuatro años de prisión efectiva.

Del total de acusados, quedan algunos que serían sobreseídos por falta de pruebas. Pero uno solo no aceptó llegar a un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía e irá a juicio, ya que también es interés del Ministerio Público exponer su situación en un debate y lograr una condena.

Se trata de Ricardo Raúl Bentancur, quien sostendrá su inocencia en el juicio y para quien pedirán una pena de prisión. El debate será en septiembre.