Caso La Peruana: investigan estafa millonaria a inversores de Paraná

La policía realizó un allanamiento en la noche del lunes en el supermercado La Peruana de Paraná, ubicada en Avenida Ramírez, y en una oficina ubicada en el piso 13 del edificio de calle Urquiza 1119, antiguo hogar de El Diario y de la familia Etchevehere. La operación se llevó a cabo tras denuncias presentadas en la Fiscalía, a cargo de Santiago Alfieri, por presuntas estafas.

Los hechos se desencadenaron después de que numerosos inversores, que habían depositado sus ahorros en dólares y pesos, dejaran de recibir los pagos mensuales prometidos y no pudieran retirar su capital. Esto generó un clima de tensión que incluyó protestas y episodios de violencia. Según se informó, uno de los involucrados se fue de Paraná, y se estima que el desvío de fondos asciende a varios millones de dólares.

De acuerdo a la investigación, los principales implicados en este caso son Matías Andrés Santa María, Cristian Javier Vital y el contador Andrés Gamarci, quienes adquirieron el supermercado hace cuatro años, recordó Análisis. Santa María, quien había tenido un kiosco, era el rostro visible de la operación, mientras que Vital proviene de una familia vinculada al negocio de la carne.

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Financiera

Durante años, los empresarios gestionaron una "financiera" en el primer piso del edificio Flamingo, trasladándose hace unos meses al piso 13 de la propiedad de los Etchevehere. Según la denuncia, captaban importantes sumas de dinero, incluyendo ahorros de toda la vida y herencias, ofreciendo tasas de retorno superiores a las del mercado negro (2,5% en dólares y 11% en pesos) a través de contratos de mutuo y pagarés.

Sin embargo, en los últimos meses, el sistema comenzó a mostrar signos de crisis, con la imposición de plazos más largos y tasas de retorno inferiores. Los inversores, al intentar retirar sus fondos, descubrieron que el dinero no estaba disponible, lo que desató la indignación y, en algunos casos, amenazas e incluso agresiones. Las denuncias se han acumulado en los tribunales provinciales y podrían también llegar a la Justicia Federal.