Apicultores acusados por incendio en el Delta esperan veredicto tras feria judicial

Luego de la feria judicial de invierno, la Justicia Federal dará a conocer la sentencia en el juicio oral y público contra tres apicultores acusados de haber provocado uno de los incendios más devastadores registrados en el Delta del Paraná en los últimos años. El veredicto será leído el 25 de julio, según confirmó el Tribunal Oral Federal de Paraná, presidido por la jueza Noemí Berros.

Los imputados son Jesús Alberto Magallanes, Oscar Alberto Magallanes y Miguel Ramón Morales, todos oriundos de Villa Constitución (Santa Fe) y enfrentan cargos por estrago doloso, previsto en el artículo 186 del Código Penal, que contempla penas de 3 a 10 años de prisión.

El hecho juzgado ocurrió el 23 de agosto de 2022, en la zona del arroyo El Tigre, Islas Lechiguanas (departamento Gualeguay), donde un incendio arrasó aproximadamente 6.000 hectáreas de humedales.

Los apicultores imputados afirman que son inocentes. A modo de defensa, relataron que aquel día realizaron una quema de pastizales en las inmediaciones de su rancho a modo de contrafuego, ya que existían focos ígneos que se aproximaban al asentamiento en el que tenían sus colmenas.

El juicio y la acusación

Durante el juicio, que se llevó a cabo en mayo y junio en la ciudad de Victoria, prestaron declaración más de 15 testigos, incluidos especialistas de la Universidad Nacional de Rosario. También se presentaron videos y pruebas documentales para mostrar la magnitud del desastre ambiental.

El fiscal federal José Ignacio Candioti solicitó que los acusados reciban penas de prisión efectiva por la gravedad del hecho, el riesgo colectivo y el impacto ambiental.

Además, calificó el accionar de los apicultores como una “acción ilegal y temeraria”, al haber intentado un contrafuego sin autorización, en abierta violación a las normativas ambientales provinciales y nacionales.

Este juicio se suma a otro realizado en noviembre de 2023, que culminó con la condena de dos personas por incendios similares en islas cercanas a Victoria.

Sin embargo, el proceso actual es considerado de mayor envergadura por el daño ecológico generado, que incluso afectó a ciudades como Rosario y Buenos Aires, donde se reportaron problemas respiratorios y caída de cenizas.

La causa ha vuelto a poner en foco la crítica situación de los humedales del Delta del Paraná, un ecosistema clave que continúa sufriendo graves consecuencias por el avance del fuego, la falta de controles y la demora en políticas efectivas de protección ambiental.

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Probation fallida

Antes del inicio del juicio, los abogados solicitaron la probation para sus defendidos. Se trata de una vía alternativa que suspende el proceso y donde los imputados pueden conseguir que se les imponga el cumplimiento de ciertas conductas. Tras cumplimentar las medidas, pueden ser sobreseído. Sin embargo, esa petición fue rechazada por el Tribunal Oral Federal de Paraná, ya que consideró que el caso debía resolverse en un juicio.

La jueza Berros emitió su resolución el 22 de mayo, donde hizo suyos los argumentos del fiscal general Candioti en rechazo a la suspensión de juicio a prueba. Por caso, refirió que “la política criminal esbozada por el Ministerio Público Fiscal guarda relación con lo expresado precedentemente y resulta razonable entender que, solamente a través del debate oral y público podrá resolverse, en definitiva, la verdadera participación de los incursos en una cuestión tan trascendente como lo es la vinculada al resguardo del medio ambiente”.

Por último, remarcó que “la decisión de su rechazo no reviste el carácter de sentencia definitiva ni resulta equiparable a tal en los términos del artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación”.

Sin el programa de Manejo del Fuego

El Gobierno nacional dispuso, la semana pasada, la disolución de los fondos fiduciarios públicos mediante el Decreto 463/2025, entre éstos el Fideicomiso Financiero y de Administración para el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, en base a un informe que revelaba irregularidades como nombramiento de personal, demoras en los procesos para la compra de autobombas y falta de respaldo documental por parte de los oferentes.

Brigadistas y ecologistas expresaron su preocupación sobre el impacto que puede generar esta medida en épocas de incendios forestales.