Pidieron que ratifiquen la prisión preventiva al cura Escobar Gaviria acusado de abuso a menores

"Nosotros hicimos la defensa del fallo del doctor Elal, quien decide la prórroga de la prisión preventiva hasta que haya una sentencia firme. Entendemos que es un fallo razonable, que da motivaciones, y que dice porqué se basa en las declaraciones de algunas de las víctimas, informes técnicos, pericias y confrontaciones con otras declaraciones, en cuanto a la posibilidad de que hayan sido influidos. Eso se llama daño procesal, que se hace a través de tecnología, es decir de whatsApp, de mensajes de texto, quizás no directamente Gaviria, pero a través de otras personas", dijo el fiscal coordinador de Gualeguay, Dardo Tórtul, para argumentar que se debe mantener hasta el juicio la prisión preventiva del cura Juan Diego Escobar Gaviria en la causa que se le sigue por presuntos abusos ocurridos en la localidad de Lucas González. Tórtul, junto al fiscal Federico Uriburu, participó de la audiencia de Casación donde las partes expusieron sus argumentos a favor y en contra de la decisión que llevó al sacerdote tras las rejas. El juez de Garantías y Transición de Gualeguay, Sebastián Elal, resolvió no hacer lugar al planteo de la defensa que reclamaba la libertad de Gaviria y en primera instancia ratificó la preventiva. Por esa razón fueron a la Cámara de Casación Penal, que declaró "admisible la impugnación" presentada por los defensores Milton Urrutia y Juan Pablo Temón.

En declaraciones a UNO, Tórtul remarcó que se pudo acreditar que "más que un daño en potencia, es un daño que ya comenzó, ya buscó él -en alusión a Gaviria- dañar procesalmente. Por eso se dicta la prisión preventiva, y se la prorroga. ¿Por qué se lo hace? Porque se busca cuidar este testimonio, no solo en la investigación preparatoria, sino que hay que cuidarlo para que llegue bien al juicio".

En representación del imputado expusieron los abogados María Alejandra Pérez -en reemplazo de Milton Urrutia- y Juan Pablo Temón. Los letrados rechazaron los ejes de la sentencia que mantiene encarcelado al cura en la Unidad Penal N° 5 de Victoria desde el 21 de abril. Sostuvieron que Gaviria debe recuperar la libertad, teniendo en cuenta que está fijada la fecha del debate oral, previsto entre el 22 y el 28 de agosto. La abogada Pérez confió a UNO que el cura "está privado de la libertad por un hecho que no está verificado". De esta manera se refirió a una denuncia basada en una captura de pantalla de un chat de la red social Instagram entre dos menores. "Allí uno de ellos le habría dicho al otro que el cura estaba contento por su declaración", manifestó.

La letrada consideró que para formular el pedido de la prisión preventiva se deben reunir dos requisitos: el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación. "El peligro de fuga había sido descartado por tres jueces, mientras que el peligro de entorpecimiento de la investigación tiene que contar con un hecho objetivo", afirmó. Para Pérez el hecho, tal como la había solicitado el juez Exequiel Dumón, no se investigó. "Además estos menores no son víctimas en el proceso", finalizó.

En el desarrollo de su tesis, Temón señaló que el fallo de Elal es "arbitrario e incierto". Para avalar el pedido de libertad esgrimieron problemas de salud del cura, y que en caso de que se le concediera el beneficio aseguró que fijará su domicilio en Comandante Espora 535 de Paraná.

El querellante asumió la representación de tres de las cuatro víctimas en marzo. Como primera medida solicitó la prisión preventiva para el cura, que se concretó 30 días después. En diálogo con UNO repasó los principales puntos de su alegato en la audiencia realizada ayer en Paraná. "Existen pruebas de sobra de que Escobar Gaviria utilizaba su relevancia social para intimidar y amenazar a las víctimas. Lo hacía todo el tiempo, incluso después de las denuncias. Uno de los denunciantes se tuvo que ir de Lucas González, y recién pudo volver hace poco tiempo. Fue amenazado por uno de los discípulos del cura, diciéndole que le iban a quemar el auto, a golpear, entre algunas formas de amedrentamiento", admitió.

Todos estos elementos -acentuó el querellante- constituyen la prueba fehaciente de que el cura tiene conocimiento del procedimiento procesal. Por eso insistió en oponerse al planteo de la prisión domiciliaria del sacerdote, atento a que se encontraron en su poder seis teléfonos celulares, dos tablets y un monto importante de dinero. "En libertad va a seguir ejerciendo amenazas a las víctimas", alegó.

El tribunal de la Cámara de Casación estuvo integrado por los jueces Marcela Davite, Marcela Badano y Hugo Perotti, quienes anunciaron que el viernes, al mediodía, darán a conocer la resolución.