Sergio Urribarri en libertad: "Era injusto y la pasó mal", dijo su abogado

El Superior Tribunal de Justicia de Ente Ríos conformado en feria resolvió el miércoles, por mayoría, hacer lugar a la impugnación extraordinaria presentada por los defensores del exgobernador Sergio Urribarri, y de su cuñado Juan Pablo Aguilera, para revocar la prisión preventiva que cumplían en la Unidad Penal 1 de Paraná.

La detención se dio en el marco de la “Megacausa” por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.

La prisión preventiva en una causa que aún no tiene condena firme puede dictarse ante dos peligros: la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, algo que en este caso era imposible ya que había culminado, o el posible riesgo de fuga del o los acusados.

En este último punto se basaron los fiscales de la causa para solicitar la prisión preventiva que la Justicia entrerriana finalmente dictó el 19 de noviembre pasado.

Peligro de fuga

Sin embargo, los vocales Leonardo Portela –presidente del Superior Tribunal de Justicia– y Germán Carlomagno remarcaron que ese peligro de fuga que advirtieron “no posee anclaje concreto en circunstancias de la causa”.

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En otras palabras, para los jueces no hay argumentos que auguren un escape de Urribarri y su cuñado.

“Basta recordar que Urribarri, por ejemplo, estaba en Israel como diplomático cuando fue citado y renunció a su cargo para presentarse. Sería contrario a la lógica, no digo imposible, que ahora pretenda fugarse sabiendo que su condena no está firme”, dijo el presidente del STJ.

Además, consideraron que el peligro de fuga “se encontraba ya ampliamente cautelado mediante las medidas coercitivas impuestas” por el Tribunal de Juicio y Apelaciones en septiembre del 2024: fijar un domicilio, concurrir semanalmente a Fiscalía, prohibir sus salidas del país o localidad, y la entrega de sus pasaportes.

“Se acredita suficiente arraigo (de Urribarri y Aguilera) en nuestra provincia, donde conviven con sus grupos familiares”, apuntaron Portela y Carlomagno y recordaron que los imputados “no incumplieron ninguna” de las restricciones.

Por todo ello, dictaminaron que la prisión preventiva en la cárcel fue “irrazonablemente arbitraria”, ordenaron su revocación y aplicación de las medidas impuestas en septiembre pasado.

“Privilegio indebido”

El otro vocal del Tribunal, Miguel Ángel Giorgio, votó en disidencia de sus pares y denunció un “privilegio indebido” para con los acusados, lo que “quebrantó un elemental principio de igualdad ante ley”.

También consideró que el tratamiento durante la feria judicial se trató de una decisión “inusualmente anómala”, con una “urgencia y sorpresiva celeridad” a pesar de ser “auténticos actos de corrupción, en función de la prueba rendida”.

Giorgio apuntó que el propósito de ‘detectar’ la corrupción “ha sido satisfecho” en este caso a través del “debido proceso” judicial, aunque aclaró que las penas impuestas están “sin alcanzar el grado de ejecutoriedad”.

Sin embargo, remarcó que Urribarri y Aguilera “todavía poseen medios, relaciones, facilidades y estructura muy superiores a la generalidad de los ciudadanos” como para fugarse de la Justicia.

Por último, el juez sostuvo que la prisión preventiva no se pudo concretar antes por las “innumerables maniobras dilatorias” de la defensa, y que esta nueva decisión sienta “un peligroso antecedente que trastoca las reglas procesales básicas”.

Los días en la cárcel de Paraná

Tanto Urribarri como Aguilera pasaron 50 días entre rejas, inclusive durante las fiestas.

Si bien nunca estuvieron en un pabellón para resguardar sus integridades físicas, los tres permanecieron en una Celda Especial Individual (CEI), conocida popularmente como “celda de admisión” de de 3x4 metros con baño interno, una cucheta, una cama de una plaza, y una mesa con vajilla y otros elementos de higiene.

Allí permanecieron sin horarios ni actividades específicas, a diferencia del resto de los internos.

Tampoco tenían un límite para apagar la luz, y diariamente recibían comida y ropa de sus familiares.

“Realmente fue una privación ilegal de libertad”, recalcó a UNO Javier Baños, uno de los abogados defensores del exgobernador.

Baños recordó que Urribarri “estaba mal, muy mal” y que las veces que se comunicó con él lo sintió “golpeado, estaba enfermo y no la pasó bien” porque “no es lindo estar preso”, pero además “fue injusto y generó una situación incómoda”.

En ese sentido, explicó que la prisión preventiva se da luego de que el máximo Tribunal provincial diera lugar al recurso extraordinario federal (REF) para que se expida la Corte Suprema de Justicia por arbitrariedad de la sentencia, algo que “bajó el riesgo de fuga”.

“Jurídicamente no tiene goyete ni fundamento la prisión de Urribarri y en ninguna instancia la fiscalia pidió una medida cautelar. Además de ilegal, es una locura y hasta parece hecho a propósito en un acto de venganza y bronca, querían como un capricho que pase las fiestas en el penal.

Finalmente, Baños precisó a UNO que “la última palabra la tiene la Corte Suprema”, que actualmente se encuentra en feria y con sólo tres jueces por lo que no espera que “resuelva antes de integrar el Tribunal porque es un tema muy delicado”.

“No hay chances que vuelva a prisión antes de que se expida” la Corte, completó.

Producción periodística: Federico Dambrine