Municipios bajo presión por el efecto "devastador" que tendrá la prohibición de cobrar tasas en los servicios públicos

Por la crisis económica, hay municipios que ya sufren una caída de entre el 30 y el 40% en el pago de tasas por parte de los vecinos

10 de julio 2025 · 08:02hs

Por la crisis económica, hay municipios que ya sufren una caída de entre el 30 y el 40% en la recaudación de las tasas municipales. Si suma, la medida del Gobierno nacional de prohibir el cobro de impuestos en la boleta de servicios públicos, la situación genera un efecto devastador en las finanzas de las comunas entrerrianas.

"La medida adoptada por el gobierno nacional desvía la discusión real que se debe dar acerca de cuánto vale la energía y por qué la distribuidora nacional nos compra a los entrerrianos a determinado precio y nos la revende cinco veces más cara. Creo que ahí es donde está el problema de la factura por el consumo de energía”, dijo Gustavo Bastian, intendente de San José y presidente del PJ departamento Colón en relación al decreto nacional que prohíbe incluir tasas municipales en las facturas de luz, gas y agua.

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La situación fue uno de los temas principales del encuentro que mantuvieron el martes pasado el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio e intendentes de la provincia. “Es una medida que profundiza la crisis municipal”, consideró por su parte Damián Arévalo (PJ), intendente de San José de Feliciano. “Nos están quitando los recursos que nos corresponden. Ese decreto no resuelve absolutamente nada y complejiza nuestras conquistas”, opinó Ariel Weiss (PJ), intendente de Colonia Avellaneda.

UNO dialogó con intendentes tras el encuentro en el Centro Provincial de Convenciones (CPC). Es grande la preocupación por el golpe financiero que implican las recientes medidas del gobierno nacional, especialmente el decreto que modifica el esquema de subsidios energéticos. Esto, consideraron, impacta de lleno en las arcas municipales.

La resolución 267/2024 no solo prohíbe a los municipios adherir sus tasas a las boletas de servicios, sino que además faculta a las distribuidoras a aplicar sanciones o cortar el suministro de electricidad a las empresas provinciales que no acaten esta directiva. “Hay una ley provincial y este DNU que sacó el presidente Javier Milei no puede estar por encima de la normativa provincial. Obviamente lo que todos los intendentes le manifestamos al gobernador es el impacto económico devastador para los municipios y el perjuicio que genera”, señaló Bastian.

En la discusión sobre la modificación de la boleta, el gobernador propuso que "la contribución del 8,69% que figura actualmente pase al valor de distribución, pero reducida a un 6%". Además, en un intento por estandarizar los cobros municipales, se planteó que las tasas municipales, que actualmente varían entre el 8, 14, 15 o 16% en algunos municipios, se establezcan uniformemente en un 12% o 13% para todos. Esta última medida generó gran controversia, ya que para muchos municipios la reducción implicaría no alcanzarles los fondos, forzándolos a un esfuerzo significativo que consideran inviable por la situación económica actual.

Según los entrevistados, hay municipios que ya sufren una caída de entre el 30 y el 40% en el pago de tasas. Si bien la medida permitiría el cobro de las tasas por separado, "no te lo va a pagar nadie", consideró Bastian. El perjuicio no solo afecta la recaudación municipal, sino que también pone en riesgo a la empresa distribuidora de energía, ya que los municipios dejarían de pagarle, desmovilizando "millones de pesos" que la empresa gestiona.

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Desde la visión de los municipios, la medida busca responsabilizar a las provincias y municipios por el alto costo energético y el déficit cero de la Nación, generando un conflicto directo con los vecinos. Respecto al encuentro con las autoridades provinciales, Bastian fue contundente: "No resolvimos nada. Si bien se habló de una posible eliminación de la contribución del 8.66% que figura en las facturas, no se logró ningún compromiso concreto sobre el resto de las tasas. Esta falta de definiciones generó mucha más dudas", dijo. Vale destacar que en San José el pago de tasas municipales alcanza el 70%.

Weiss hizo mención a que el cobro de la tasa se incorporó a la factura precisamente porque "no hay voluntad de pago" de las contribuciones municipales. En el caso de Colonia Avellaneda, la recaudación de estas contribuciones es de "poquito más del 50%, lo que significa que media ciudad no paga. Si la tasa de alumbrado público pasara a cobrarse como un pago municipal directo complicaría mucho más la posibilidad del cobro, que a su vez es necesario para abonarle a la empresa distribuidora de energía, Enersa, por el servicio de alumbrado. Existe una confusión generalizada: se cree que la tasa de alumbrado público se recauda para ser derivada al municipio, pero no es así. Los fondos recaudados cubren directamente el gasto de alumbrado público por prorrateo. Si bien en algunos casos puede quedar un remanente para el municipio, en la mayoría de los casos, la recaudación no es suficiente para cubrir los costos reales de mantenimiento, reposición de farolas, compra de columnas o cableado”, explicó el intendente de Colonia Avellaneda.

También habló sobre la diferencia en cada ciudad por la idiosincrasia y densidad habitacional. “Colonia Avellaneda, por ejemplo, tiene 470 hectáreas urbanas, un casco urbano más grande que Merlo (Provincia de Buenos Aires), pero con una densidad habitacional menor. Esto implica que los costos de alumbrado público por usuario pueden ser muy distintos entre localidades, haciendo que un debate generalizado sobre la tasa sea complejo y no resuelva nada", dijo y agregó: “El debate por el cobro de tasas no es la agenda de la gente. La realidad actual pasa por el alto costo energético y discutir la forma de cobro de las tasas municipales quita el foco de los verdaderos problemas".

Arévalo por su parte calificó de extorsiva la medida: "Las Provincias y Municipios somos eficientes y nos están cargando con un problema que la dirigencia nacional tiene y es que quieren llegar a déficit cero".

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Los intendentes que respaldaron a Rogelio Frigerio, entre ellos Rosario Romero de Paraná.

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Preocupación por la deuda

Otro punto de alarma para los municipios es la “propuesta provincial de tomar deuda”. Bastian expresó su "preocupación" ante esta posibilidad, diferenciando entre tomar deuda para "para hacer desarrollo infraestructura o para llevar adelante obra pública y hacerlo para tapar otro agujero".

También habló de la caída de los ingresos municipales que permea a la mayoría de los jefes comunales. “Las comunas están asumiendo un montón de responsabilidades que antes eran cubiertas por el gobierno nacional y provincial. Si los recortes de ingresos persisten, las consecuencias van a ser más tremenda de lo que se está viendo hoy”, señaló.

Weiss especificó que la situación de Colonia Avellaneda contrasta fuertemente con la de otros municipios de la provincia que tomaron "deudas en dólares allá por el 2017". “Estos municipios, algunos de los cuales fueron endeudados bajo la gestión del entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, hoy se enfrentan a la difícil decisión de "si paga sueldos o pagan el crédito". “Tomar créditos para pagar crédito no es ninguna solución, es como sacar un crédito para pagar la tarjeta de crédito", comparó. Reflexionó además sobre la situación actual, que va más allá de lo económico y “constituye un deterioro muy grande en los derechos que se han podido conquistar en el paso de 100 años. Un retroceso donde parece que la quita y los derechos son la solución del problema, lo que generó una recesión muy grande y una "crisis mayor que no es solo económica, sino que institucional, porque estamos debatiendo si sí o no a la soberanía".

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Los municipios, al límite y sosteniendo la red

Arévalo habló sobre la preocupación generalizada se centra en la "caída de los ingresos municipales" mientras los gobiernos locales asumen "un montón de responsabilidades" que antes recaían en la Nación y la Provincia. Esto incluye la provisión de medicamentos, ambulancias, o subsidios para atención médica. Esta situación complica el pago de sueldos, el mantenimiento de servicios públicos y la colaboración en áreas previamente cubiertas por otros niveles de gobierno. Medidas como el recorte de horas extras, la paralización de obras y la optimización de servicios ya son una realidad en muchos municipios para sobrellevar la situación. "Esta política económica lleva a que la gente, por supuesto, lo primero que deje de pagar son los impuestos nacionales, provinciales y locales. Entonces, tenemos menos recaudación y tenemos que hacernos cargo de más cosas porque, además, la Provincia está retirada. OSER no funciona, por ejemplo. Cualquier empleado que tenga esa obra social hoy no se puede hacer una resonancia magnética porque tiene que pagar 80.000 pesos arriba de la orden. Los municipios entonces tenemos que ayudar a quienes no tienen obra social, con subsidio, y también subsidiar a quienes tienen obra social. Estamos peor que antes".

La reunión del martes reflejó una profunda crisis que va más allá de lo económico, abarcando lo institucional y la "pérdida de calidad de vida". La recesión y los recortes, según los intendentes, no son la solución, y urge un debate sobre la construcción de lo que se necesita, en lugar de continuar con medidas que "desesperan a la gente”

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