Transporte público
Miércoles 10 de Octubre de 2018

La comuna intimó a las empresas de colectivo por el recorte de servicios

Se reúne hoy el Órgano de Control del SITU. Las empresas quieren más subsidios, suspender prestaciones y/o aumento del boleto

Paraná despertó ayer más tarde. La falta de servicio de colectivo urbano hasta pasadas las 6 tuvo un fuerte impacto en el inicio de la jornada laboral de cientos de trabajadores. Clave para la movilidad, los usuarios empezaron a ver pasar unidades por las calles mucho después de ese horario final del reclamo gremial, en que recién empezaron a salir cada una de las líneas desde sus cabeceras.


La medida de fuerza fue tomada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a nivel nacional por el incumplimiento del pago del aumento salarial del 5,7% que debía incorporarse en los salarios de los choferes desde este mes. Así se decidió cortar los servicios urbanos de todo el país desde las 22 y hasta las 6, pese a que hubo jurisdicciones que abonaron los incrementos –como Ciudad de Buenos Aires y Córdoba–, e igualmente sufrieron y seguirán sufriendo el quite de la prestación.
Si bien se trata de un planteo gremial ante el incumplimiento de la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap) del acuerdo salarial, subyacen planteos empresariales vinculados al encarecimiento de costos por la devaluación –y el escenario futuro de la quita de subsidios de la Nación– que sitúan este corte de servicios muy cercano a una especie de lock out patronal.
En Paraná, el conflicto tendrá como contexto la reunión convocada para hoy –a instancias de una misiva presentada por Buses Paraná, concesionaria del servicio, a fines de septiembre– del Órgano de Control del Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU). Tal como informó UNO, en la nota exigen respuestas y medidas a las autoridades para sostener "la viabilidad de la prestación, con una ecuación económica y financiera acorde a las posibles compensaciones tarifarias y de ingresos que las empresas reciban".
El secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Ricardo Frank, confirmó ayer a UNO que ni las empresas –Mariano Moreno y ERSA–, ni la UTA notificaron a la comuna sobre la suspensión o cortes del servicio. A raíz de ello, desde el área de Transporte se intimó ayer a las concesionarias.
Por este tipo de corte de servicios "las empresas son pasibles de multas", indicó el funcionario, ya que en el contrato de concesión del servicio está establecido que las empresas deben ajustarse a las condiciones allí establecidas, tienen que notificar e informar cuál sería el servicio de emergencia para implementar en caso de interrupción de cualquiera de los servicios. Vamos a esperar la respuesta de las empresas", sostuvo.
Al respecto, insistió que aguardan que las empresas informen alcances de la medida de fuerza de la UTA, y en qué se ve afectado el ciudadano común.
En relación a la convocatoria para hoy del Órgano de Control del SITU, Frank cuestionó la misiva enviada por las empresas. "Es un poco apresurada en algunos conceptos, porque ya hablan de revisar el contrato de concesión, de la suspensión de servicios, de recorte de la planta laboral, de la disminución de subsidios, cuando todavía nadie tomó conocimiento en forma fehaciente de cómo se van a resentir los subsidios del gobierno nacional". Y frente a los argumentos del desfasaje producido por la devaluación en los costos operativos, primero adelantó que serán los especialistas quienes deberán determinar cómo resultaron afectadas las empresas en los últimos meses. Pero advirtió: "Tenemos que tomar conciencia de que no solo a las empresas de colectivos les afecta la realidad económica, sino también al ciudadano común. El usuario también se ve afectado por algunas medidas económicas, y no puede ser que sea el eslabón más débil quien deba pagar los costos".
Por su parte, el edil Juan Enrique Ríos (FPV) adelantó a UNO que en la reunión de hoy presentará una nota, que basada en lo que exigen las normas vigentes del servicio, se instrumenten herramientas como la realización de encuestas de satisfacción de los usuarios; la habilitación de una oficina o línea específica por problemas de transporte en Defensa del Consumidor; se brinde acceso a las hojas de ruta de los coches; cantidad de pasajeros transportados por cada categoría; y estudio de costos.
Sobre el recorte de servicios fue contundente: "Tanto el marco regulatorio como el pliego de concesión establecen una orden de servicio que las empresas deben prestar".

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