Iosper: los afiliados apoyaron al gobierno de Entre Ríos y pidieron que se investigue "a fondo"

“Los afiliados queremos que se investigue a fondo, con varios años hacia atrás”, expresaron desde la Asociación en Defensa de los Derechos de los Afiliados (ADDA) del Iosper.

El comunicado de los afiliados

Repasaron las “graves irregularidades” en la gestión del organismo, entre las que mencionaron la falta de controles, mandatos de directivos por fuera de la Ley, persecución a los trabajadores y condenas por violencia de género.

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Los trabajadores nucleados en la entidad emitieron un comunicado en el que “expresamos nuestro apoyo al gobierno de la provincia de Entre Ríos en relación a la intervención de la Obra Social”, en alusión al Iosper.

“Los afiliados sabemos bien de las deficiencias prestacionales, las demoras en los pagos a prestadores y en los reintegros, la burocracia administrativa”, indicaron en el texto y destacaron también “las dificultades que se les presentaron a la comisión fiscalizadora o a las auditorías al momento de intentar recabar información sobre el manejo de nuestra obra social”.

Se refirieron a “la cantidad de personal”, sobre lo cual afirmaron que “era evidente ante cualquier persona que ingresara a las oficinas de atención al público”; y sostuvieron que esta situación “quedó en evidencia con la pandemia, cuando pudieron establecer horarios de atención con distintos empleados para los turnos de la mañana y la tarde”.

Más del comunicado

Desde ADDA también alertaron que la conducción saliente del Iosper ejercía “persecución permanente a empleados”, y recordaron “también las denuncias por violencia de genero por las cuales fue condenado el ex director Cañete, quien contaba –en todo momento-con apoyo del resto del directorio”.

Por otra parte, recordaron que la Ley de creación del Iosper establece para sus directores la posibilidad de un periodo de gestión y una reelección, “situación que en la realidad no ha sido respetada en varios de los directores elegidos”.

“Los afiliados queremos que se investigue a fondo, con varios años hacia atrás, que la justicia entrerriana deje de mirar hacia otro lado y se apliquen las medidas que correspondan”, manifestaron y se expresaron por la extensión de la intervención más allá del plazo inicial de seis meses fijado en el decreto.

“Consideramos que es poco tiempo para un proceso que dé real cuenta de aspectos administrativos, técnicos y contables, así como también de las mejoras en las prestaciones a los afiliados de la obra social provincial”, argumentaron.

Por último, adelantaron que “estaremos en continua vigilancia del proceso iniciado, atentos al cumplimiento de prestaciones, convenios, reintegros, en calidad, tiempo y forma”.