Paraná fue escenario este jueves de una multitudinaria marcha en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. La convocatoria reunió a familias, profesionales, transportistas y referentes de organizaciones sociales, que se manifestaron para visibilizar la crítica situación que atraviesa el sector y exigir respuestas concretas de las autoridades.
Gran movilización en Paraná en defensa de los derechos de las personas con discapacidad
Una multitud participó de la movilización en Paraná para exigir la Ley de Emergencia en Discapacidad y denunciar la crítica situación del sector
30 de mayo 2025 · 07:26hs
Foto: Colectivo de Discapacidad Entre Ríos
Una multitud se movilizó en Paraná para exigir la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y denunciar la crítica situación del sector.
Foto Camila Gómez/UNO
Una multitud se movilizó en Paraná para exigir la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y denunciar la crítica situación del sector.
La movilización formó parte de una jornada nacional que se replicó en decenas de ciudades del país, en reclamo de la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo tratamiento está previsto para el próximo miércoles en la Cámara de Diputados.
Entre las voces presentes en la marcha, Marcela, madre de un joven con discapacidad y psicopedagoga, remarcó la falta de pago a los prestadores del sistema, una situación que afecta tanto a los usuarios como a los profesionales del área. Por su parte, Sara Taborda, también psicopedagoga, explicó que durante toda la semana se impulsaron acciones para denunciar la suspensión de prestaciones esenciales.
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Honorarios desactualizados y pagos con demoras
Uno de los principales reclamos del sector es el atraso en los pagos, la falta de actualización de los aranceles y la precariedad en las condiciones laborales. Según denuncian, los honorarios que se abonan actualmente rondan los $12.000 por prestación, mientras que el Colegio de Profesionales sugiere montos entre $20.000 y $25.000. A esto se suma la demora en los cobros, que puede extenderse hasta 90 días, y la incertidumbre sobre la continuidad de los pagos.
“Los costos que enfrentamos los profesionales —como matrícula, insumos y capacitaciones— no se detienen. Esta situación también perjudica directamente a las familias y a las instituciones que brindan servicios esenciales”, advirtieron. Además, reclamaron la intervención del gobernador para que gestione ante la Agencia Nacional de Discapacidad y la Superintendencia de Salud, organismos responsables del sistema.
Otro punto crítico es el transporte escolar para personas con discapacidad. Un padre contó que su hijo con discapacidad está teniendo problemas para llegar a la escuela porque el gobierno no da respuestas a los transportistas.