Proteger los derechos de los consumidores y usuarios, garantizando el cumplimiento de las leyes y regulaciones en materia de consumo es la función de la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Entre Ríos. Esto incluye controlar y monitorear las relaciones de consumo, asesorar e informar a los consumidores, y mediar en conflictos. Se trata de un organismo clave y de gran relevancia para resguardar los derechos de quienes afrontan su incumplimiento por parte de empresas u otros organismos. Sin embargo, en Entre Ríos actualmente está acéfalo.
Defensa del Consumidor de Entre Ríos: tres ONG alertan que el organismo continúa acéfalo
Advierten que ya hubo tres directores en Defensa del Consumidoren la presente gestión y exigen que se nombre una nueva autoridad para garantizar el servicio
3 de mayo 2025 · 08:49hs
Servicio con gran demanda
Al ser un servicio muy demandado en toda la provincia, tres organizaciones no gubernamentales alertan que esta situación afecta considerablemente a los entrerrianos . Se trata de la Asociación de Defensa de los Consumidores Entrerrianos (ADECEN), la Asociación de Protección del Consumidor y del Ambiente (APCA), la Asociación Civil de Defensa Colectiva (ACDC), que emitieron un comunicado en el que advierten cómo está impactando esta situación en el servicio de Defensa la Consumidor: “La Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Provincia sigue acéfala, esperando la designación de su tercer funcionario en la presente gestión y enfrenta una grave crisis que afecta directamente a los consumidores entrerrianos”, expresaron, detallando además los inconvenientes que se presentan: “Algunos de los problemas que aquejan a este organismo es la caída en la productividad: en el primer año de la gestión actual, las sanciones cayeron de 150 en 2023 a 36 en 2024, lo que refleja una disminución del 76% en la efectividad de la oficina. También preocupa la prescripción de casos: con más de 3.000 casos en lista de espera para resolver, un tercio de ellos se encuentra en situación de prescripción, lo que implica que más de 1.000 entrerrianos no podrán obtener justicia por parte de la autoridad de aplicación de la ley de Defensa del Consumidor, N° 24.240”.
Advertencia de las ONG
Las ONG denunciantes afirman además que “el organismo ya trabajaba con déficit de recursos humanos, lo que se agravó en la presente gestión debido a la no renovación de contratos y adscripciones, lo que resultó en una pérdida de más del 35% de su personal”. Y aclaran que “la falta de un equipo y una organización que provea los medios adecuados para prestar el servicio es un problema que trasciende a la conducción actual”.
Ante este panorama, desde ADECEN, APCA y ACDC informaron que le presentaron al gobernador Rogelio Frigerio “una propuesta para trabajar juntos en la resolución de los problemas de los consumidores entrerrianos”. Según señalaron, tomaron esta decisión tras recibir “cientos de denuncias sobre el incumplimiento de las cooperativas y empresa distribuidora de electricidad por no cumplir con las normas que favorecen a los consumidores –Resolución 267/24, que prohíbe el cobro de tasas municipales en las facturas– dando intervención a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor”, explicando que el organismo local se mantiene sin funcionario y ante la disconformidad con el accionar del Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos (EPRE) ante esta situación: “El EPRE cree que su función es garantizar el cobro de impuestos y no la correcta prestación del servicio eléctrico a los entrerrianos”, fustigaron.
Derechos vulnerados
En el comunicado las ONG destacan: “Es importante destacar que Defensa del Consumidor es un organismo que debe proteger los derechos de los consumidores en un estado que tiene como agente financiero al responsable del 30% de los reclamos de los consumidores. Sin embargo, no se están aplicando las normas en favor de los consumidores, y desde 1996 se mantiene intervenido el EPRE, intervenido el IOSPER, servicios esenciales para los entrerrianos sin darle intervención a las asociaciones de consumidores tal como lo garantiza el artículo 30° de la Constitución Provincial”.
Por último, manifestaron: “Merecemos un organismo independiente y eficiente La verdadera defensa del consumidor en Entre Ríos sólo será posible con un organismo independiente de las presiones políticas y con funcionarios que sean designados mediante concursos públicos, demostrando su idoneidad, capacidad y compromiso para defender a los entrerrianos”.
Consultado por UNO, Gabriel Vargas, presidente de ADECEN, concluyó: “Están vulnerados derechos esenciales, porque los derechos de los consumidores están protegidos por la Constitución Nacional y tienen categoría de derechos humanos. Instamos a los poderes públicos a que esa situación se resuelva. Ya hubo tres directores en lo que va de la gestión. Nosotros queremos, de alguna manera, poder tomar intervención para colaborar con la situación, abrir una instancia de diálogo para hacer nuestros aportes”.