Ambientalistas insisten que suspendan la caza en Entre Ríos

En una carta dirigida al ministro de Desarrollo Económico provincial, Guillermo Bernaudo, 61 organizaciones no gubernamentales ambientalistas solicitaron la suspensión de la caza de especies nativas –especialmente en cotos– por 5 años.

La solicitud pide que se mantenga la restricción “hasta que haya estudios confiables y participativos sobre las aves y la contaminación por plomo que produce la caza”.

Los impulsores recuerdan los fallos de la Justicia que han declarado nulas e inconstitucionales las resoluciones que habilitan la cacería en las dos últimas temporadas y consideran “el contundente rechazo de la enorme mayoría de la sociedad entrerriana” a este tipo de prácticas.

Foto: Hernán Tolosa

Caza y contaminación

Según registró Era Verde, solicitan una audiencia el Foro Ecologista de Paraná, el Cebtri de Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas), Ecoguay, Ayuda Animal, Conciencia Animal y el Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogacía de Entre Ríos,. Adhieren también instituciones animalistas y ambientalistas de la Argentina y del Uruguay, entre ellas Fundación Azara, Fundación Cullunche, Pumakawa, Fundación Hábitat y Desarrollo, Coendú de Uruguay, Pájaros Caídos y Asociación por la Justicia Ambiental.

El pedido público de las entidades se da a conocer ante la inminente habilitación de la temporada de caza en Entre Ríos.

LEER MÁS: Impulsan una campaña para evitar la caza de especies autóctonas en la provincia

En la nota presentada al ministro Bernaudo se apunta que los estudios biológicos citados en las normativas que han habilitado la caza son incompletos y que esto llevó a la Justicia a declarar nulas e inconstitucionales las resoluciones de la Dirección de Recursos Naturales por “violatorias de tratados internacionales” como el Acuerdo de Escazú y el Convenio de Diversidad Biológica.

"La cacería atenta contra el patrimonio natural de todos los entrerrianos”, aseguran las organizaciones.

Las organizaciones demandan que los estudios poblacionales y los de contaminación por plomo sean llevados a cabo por universidades y/o equipos técnicos con experiencia en la materia, en conjunto con el Estado provincial, "y no por organismos con evidentes intereses en que la caza se habilite como la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo (CATCyC) y otras entidades cinegéticas”.