El juez Elvio Garzón volvió a rechazar el acuerdo presentado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa del líder de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) ex diputado provincial justicialista, José Ángel Allende, en el cual el dirigente sindical reconoce la autoría en delitos de corrupción como Enriquecimiento Ilícito, Negociaciones Incompatibles, así como los de Coacción y Amenazas agravadas por violencia de género.
Allende: rechazaron el juicio abreviado al titular de UPCN
El juez Garzón volvió a rechazar este jueves el acuerdo entre la Fiscalía y el exdiputado José Allende por enriquecimiento ilícito y amenazas.
5 de agosto 2021 · 07:45hs
Foto UNO/Archivo
Anunciarán si tiene validez o no el acuerdo entre la Fiscalía y Allende.
Cabe recordar que las coacciones reconocidas por Allende fueron contra el periodista Martín Carboni, mientras que las amenazas en el marco de violencia de género fueron realizadas contra la ministra de Salud Sonia Velázquez.
Allende respondió al magistrado y aseguró su conformidad a todos los términos del acuerdo tal como lo prevé la normativa para estos casos: "Yo reconozco ser el autor de los hechos que se me imputaron".
A la hora 13,30 se terminó de dar a conocer el rechazo del tribunal al pedido de homologación de los legajos de OGA acumulados para confirmar el abreviado, por lo que el tribunal decidió devolver los mismos para la continuación de los trámites procesales pertinentes.
De este modo, y luego de una extensa argumentación técnica y dogmática de los delitos imputados al ex diputado y referente de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende, se dio por terminada la audiencia del día de la fecha y se deberá continuar con el proceso penal en su contra.
Entre los elementos esenciales de juicio analizados para fundamentar el rechazo, se mencionaron aspectos de índole de género (ya que la víctima es la actual Ministra de Salud, Sonia Velázquez,) así como normativos específicos del tipo penal en cuestión.
Al acuerdo llegaron los abogados defensores Julio Federik y Leopoldo Lambruschini con el Ministerio Público Fiscal (MPF) representado por Laura Cattaneo, Leandro Dato y Álvaro Piérola.
También estuvieron presentes los abogados en representación de las víctimas, como el propio Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, María Fernanda Vázquez Pinasco en representación de Sonia Velázquez y Rubén Pagliotto representando a Martín Carboni, registró Análisis Digital.
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La fiscal Cattaneo fue la encargada de demostrar cómo Allende se enriqueció a través de interpósitas personas y benefició mediante 128 subsidios no reintegrables de la Cámara de Diputados a una fundación dirigida por él y sus familiares.
En total, según las pericias contables, Allende se enriqueció en $4.983.146,14 lo que equivale a un valor en dólares de 1.069.841,19, según consta en la causa.
El MPF solicitó al juez que la condena sea de 2 años y 8 meses de prisión condicional, una multa de $3.000.000 equivalente al 60% del valor enriquecido demostrado en pesos y un decomiso de dos inmuebles tasados en total en 1.105.211 dólares.
La pena por corrupción y amenazas incluirá además la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, la prohibición de realizar cualquier tipo de acto violento o molesto a las víctimas y la obligación de realizar algún tipo de actividad relacionada con la violencia de género y libertad de expresión.
El Ministerio Público Fiscal manifestó que solicitarán que se desestime toda acusación o investigación contra los familiares de Allende, ya que el dirigente sindical reconoció que ellos no sabían de la actividad delictual respecto al origen del dinero y que él los utilizó a su favor.
Respecto al decomiso, la fiscal Cattaneo solicitó al juez que disponga también de la utilidad futura que el Estado le otorgue a los dos inmuebles decomisados. Se trata de la casa de calle Laprida 153, tasada en 378.289 dólares y la casona del Parque Urquiza, ubicada en la esquina de Castelli y Etchevehere, cuyos 199 metros cuadrados fueron tasados en 726.922 dólares.
La fiscal solicitó que la casa de calle Laprida sea destinada a la Unidad Fiscal de Violencia de Género y que la casona del Parque Urquiza sea para el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, avaló el acuerdo en términos generales pero antepuso que el Poder Ejecutivo podrá posteriormente aprobar o no esos destinos.
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