Advierten sobre el cierre de 60 centros educativos en 15 departamentos

Diputados del bloque Justicialista de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, presentaron este martes un proyecto de declaración en el que se instó al cuerpo a adherir a la “profunda preocupación ante el inminente cierre de 60 Centros Educativos en diversos departamentos de la Provincia de Entre Ríos, lo cual representa una medida regresiva en términos de derechos y de acceso a la educación para sectores vulnerables”. El pedido incluyó “la inmediata intervención del Consejo General de Educación (CGE), arbitrando las medidas necesarias para preservar la continuidad de las instituciones educativas esenciales”.

Se trata de 60 Centros Educativos distribuidos en Concordia, Paraná, La Paz, Gualeguaychú, Gualeguay, Federal, Federación, Diamante, Feliciano, Concepción del Uruguay, Nogoyá, Villaguay, Islas del Ibicuy, Victoria y Colón. Se señaló que quedan comprometidos la continuidad pedagógica de los estudiantes y la estabilidad docente y el derecho constitucional al trabajo y a la educación consagrada en nuestra Constitución Provincial y Nacional.

La autora del proyecto, la diputada Silvina Decco, precisó que “desde el Consejo General de Educación (CGE), a través de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos en concordancia con la Circular 08/25 DEJA ha propuesto a partir del 30 de junio del corriente año, el cese de los cargos del Centro Educativo 86 – CUE 3003058/03 – PLAZA 649752; Centro Comunitario 27 – CUE 3003058 – PLAZA 262440; y Centro Comunitario 27 – CUE 3003058 – PLAZA 262443”.

“Con esta medida se estaría afectando el principio de estabilidad docente conforme al estatuto docente y el derecho constitucional al trabajo y a la educación consagrada en nuestra Constitución Provincial y Nacional. Asimismo, la continuidad pedagógica de los alumnos a mitad de ciclo lectivo. Tal como expresa la ley provincial de educación de Entre Ríos N° 9.890 que regula la modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos, resulta indispensable garantizar la modalidad presencial del sistema educativo para adolescentes, jóvenes y adultos que no hayan completado la escolaridad obligatoria en edad establecida reglamentariamente, comprendiendo programas de alfabetización, primaria, secundaria, formación profesional, educación laboral y no formal”.

De prosperar la medida el recorte no solo limita el acceso a la alfabetización y la continuidad educativa, sino que vulnera derechos básicos, profundiza desigualdades y pone en riesgo la inclusión social de quienes más necesitan de la presencia del Estado. La legisladora añadió que “cerrar estos centros implica abandonar a cientos de jóvenes y adultos que buscan, a través de la educación, mejores condiciones de vida y una participación plena en la sociedad”.

Decco manifestó que “necesariamente, se debe comprender a la educación de jóvenes y adultos como un proceso entre adultos, respetando sus particularidades biológicas, psicológicas y sociales. Los estudiantes requieren propuestas flexibles, significativas y contextualizadas, tanto en contenidos como en metodologías, para una verdadera inclusión educativa. Esta perspectiva exige una organización institucional y curricular acorde, participativa y abierta, que atienda a las realidades diversas de la población”.

Para la legisladora se presenta una ‘situación alarmante’ que involucra a la sociedad en su conjunto en tanto y en cuanto se vulneran derechos de estudiantes y de trabajadores.

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Desde el CGE indican que se trata de una "Refuncionalización"

La Circular Nº 8/25 de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación (CGE), estableció la fecha del 23 de mayo último como tope para la carga de alumnos que asisten a los centros educativos y escuelas de educación primaria en la modalidad de jóvenes y adultos. Según fuentes oficiales el objetivo fue contar con información actualizada de la matrícula para refuncionalizar los centros con escasa matrícula para optimizar recursos y eficientizar procesos.

La intención es refuncionalizar los 108 centros educativos y 11 anexos en toda la provincia y trasladar alumnos que concurren a centros de baja matrícula.

La fecha límite para que los supervisores envíen la información es el 30 de junio.