La Justicia entrerriana lleva a juicio el caso de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá

La causa en la que se investiga la supuesta privación ilegítima de la libertad de monjas del convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, en Entre Ríos, será elevado a juicio. Así lo dispuso el fiscal de esa ciudad, Federico Uriburu, quien inició la investigación a partir del testimonio de varias religiosas quienes durante años sufrieron tormentos. La causa intenta determinar si existió la posible comisión del delito de privación ilegítima de la libertad agravada contra las monjas de clausura que viven en el claustro. El caso tuvo repercusión nacional y sirvió para develar las condiciones de vida en el convento.

La única imputada es quien se desempeñaba como madre superiora del Carmelo, Luisa Toledo, quien tras ser separada de su cargo fue trasladada a un convento en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en la provincia de Chaco, aunque hay información de que ahora estaría en una congregación de Buenos Aires donde realiza un tratamiento médico.

Entre los citados a declarar se encuentra el arzobispo de Paraná, monseñor Alberto Puiggari, ya que "la idea es que comparezcan las personas que pudieron haber tomado conocimiento de los padecimientos de las dos víctimas", confirmó Uriburu.

El hecho se conoció públicamente en 2016, a partir de la denuncia del periodista Daniel Enz, de Paraná, quien reveló los hechos luego de una investigación que le demandó más de dos años de trabajo y en la que contó con los testimonios de exreligiosas y sus familiares, además de médicos de la localidad que habrían asistido a las religiosas.

Tras disponer la elevación a juicio, el fiscal Uriburu dijo que "ahora se espera que se cumplan los términos legales para que el juez notifique a la defensa y convoque a audiencia".

También serán citados como testigos "cuatro o cinco eclesiásticos, personas allegadas a las víctimas y las dos víctimas propiamente dichas", así como la actual superiora del convento, Itatí de María Reina Inmaculada, quien fue designada directamente por el Vaticano.

En su publicación, Enz dijo que en el convento, inaugurado en 1991, había "castigos permanentes; es habitual el uso del látigo y el cilicio para autoflagelarse; hubo casos de desnutrición y existe una estricta prohibición 'de no hablar' de lo que sucede". También reveló que "varias de las exmonjas están con tratamientos psicológicos en Entre Ríos o Santa Fe por las secuelas que tuvieron". Y que "el arzobispo de Paraná, Puiggari –quien debe ejercer la autoridad sobre el convento– nunca hizo nada para revertir la situación, pese a que viene tomando conocimiento de los excesos que se cometen. Tampoco se ocuparon, en sus mandatos, ni Estanislao Karlic ni Mario Maulión", ambos exarzobispos de la capital entrerriana.

En agosto de 2016, luego de la denuncia, Uriburu ordenó el allanamiento del convento, donde residían unas 18 monjas, la mayoría de las cuales ingresó a los 18 años, aunque algunas estarían allí desde los 16.

En el procedimiento, que se inició a la madrugada del 25 de agosto, las autoridades judiciales y policiales ingresaron al convento en una acción de oficio a partir de la denuncia periodística. Fue el mismo fiscal Uriburu quien encabezó el operativo.

En aquella oportunidad, y tal como lo reflejó La Capital en su edición del 26 de agosto, el funcionario judicial reveló que se encontraron cilicios y látigos por lo cual, en un principio, consideraron al allanamiento con resultado positivo". Si bien fue cauteloso en aquel momento, el funcionario señaló que "la investigación comenzó de oficio, y en caso de acreditarse el delito puede ser de privación ilegítima de la libertad agravada, o aplicación de tormentos".

De acuerdo a la publicación de la revista Análisis:"Nadie de la comunidad conoce realmente lo que sucede allí, por el voto de silencio al que están obligadas a cumplir cada una de las 18 religiosas (eran 23 hasta hace unos pocos años) que allí se encuentran. Tampoco saben lo que pasa puertas adentro sus familiares directos, precisamente por ese pacto de confidencialidad absoluta. En cada visita de un familiar, siempre hay una monja de testigo para escuchar lo que se habla y no se permite conversar de cuestiones mundanas", y que "si ello sucede, de inmediato se avisa a la madre superiora y el castigo es la consecuencia directa".

La revista señalaba además que "todas las cartas que le llegan a las monjitas son abiertas y leídas previamente", y que "también se controlan las correspondencias que salen, con el agravante de que la mayoría de las veces se las hacen redactar de nuevo y les dictan órdenes expresas sobre lo que pueden transmitir a sus familiares en esos escritos".

Aquella mañana del 25 de agosto de 2016 los policías debieron romper la puerta de ingreso al convento debido a que las autoridades del lugar se resistieron a acatar la orden y mantuvieron cerradas las puertas de la casa religiosa, que fueron rotas para poder cumplir con la orden de la Justicia.

A principios de setiembre, Uriburu imputó a la madre superiora por el delito de Privación ilegítima de la libertad en dos hechos, en referencia a las dos exhermanas carmelitas que declararon, una que estuvo más de 10 años como interna del convento, y otra que permaneció 25 años.

En diciembre del mismo año, el papa Francisco dispuso apartar del cargo de superiora a la monja de Nogoyá acusada de maltratar a religiosas. Toledo había sido desplazada igualmente en setiembre en el marco de las medidas judiciales adoptadas "para garantizar la transparencia" de la investigación en curso.

En febrero de este año, la Corte Suprema ratificó la competencia de la justicia provincial de Entre Ríos en la causa, lo cual allanó a Uriburu el camino para hacer el requerimiento de remisión de la causa a juicio.

Toledo, conocida como la hermana María Isabel, de 63 años, podría recibir una pena que oscila entre los dos y los seis años si se comprueban los hechos denunciados por las dos mojas que pasaron por ese convento.