Iosper: una afiliada reclama por prestaciones adeudadas

Una afiliada con discapacidad del Instituto de la Obra Social de Entre Ríos (Iosper) dijo estar desesperada por la falta de pago de las prestaciones y que una de las consecuencias directas es que en el último tiempo debió resignar muchos de los tratamientos. Raquel Muñoz, de 68 años, recurrió a UNO para contar su problemática de salud, tan difícil como la odisea que debe enfrentar para lograr la cobertura sanitaria. Ante la falta de respuestas decidió presentar un recurso de amparo en la Justicia, sobre todo por los atrasos en los pagos a sus dos cuidadoras domiciliarias. “Para cualquier cuestión de la vida cotidiana dependo de las cuidadoras y obviamente que cualquier persona que trabaja quiere cobrar”, dijo en el comienzo de su relato.

Raquel planteó que el Iosper se rige por dos nomencladores, uno nacional en el que están contemplados los profesionales, y el otro creado por la obra social para las personas discapacitadas: “Por ese nomenclador, cada sesión se paga la mitad al prestador respecto al nomenclador nacional: el Iosper lo paga cuando quiere. Si cobrás en marzo de 2021 una prestación que diste en marzo de 2020, lo que te pagan son dos moneditas por la inflación”.

La mujer presenta una discapacidad que la obliga a movilizarse en silla de ruedas, por la cual requiere necesariamente de la asistencia de las cuidadoras domiciliarias. Por ejemplo, a una de las trabajadoras aún le adeudan el mes de septiembre de 2020. Dijo no saber cuál es la razón de la demora, pero lo atribuye a que es habitual que se pierdan los expedientes y la documentación presentada en la obra social. De la misma forma se refirió a las condiciones para que los prestadores puedan facturar y luego cobrar por su trabajo. “Es lógico que los profesionales no quieran trabajar sino cobran, porque se presenta el siguiente problema: todos los prestadores para poder facturar al Iosper tienen que ser monotributistas, lo mismo que las cuidadoras. Si no pagan el monotributo, se te hace como una bola de nieve porque la AFIP te cobra intereses muy altos, más allá que el prestador haya emitido la boleta en el Iosper y ya no tenés como volver atrás. Entonces los montos que ellos tienen que pagar a la AFIP, a la ATER y demás, son altos. Entonces no pueden hacer la prestación”, describió.

“Dependo de ellas”

Muñoz reiteró que el servicio de las cuidadoras es vital para poder desarrollar su vida cotidiana: “Dependo de ellas”, subrayó. De igual manera sostuvo que el amparo judicial favorable “lo estoy haciendo valer, porque me cubre todas esas cosas”. Enseguida agregó que pese a las notas enviadas, las cartas documento dirigidas a las obra social, nunca obtuvo una respuesta. “Ellos -en referencia a 2020- ellos sostienen que no debería haber salido, haber ido a un médico o a hacer un tratamiento debido a la pandemia. Más allá de la pandemia, por mis patologías, sí o sí tengo que hacer los controles médicos y continuar con los tratamientos”, señaló.

La mujer explicó que se moviliza en vehículos de alquiler para asistir a cualquier consulta médica, aunque el Iosper solo accedió a reconocerle las sesiones de rehabilitación, cuando en realidad planteó que deberían cubrirle los viajes al cardiólogo y el neurólogo, entre otros profesionales. “Con los neurólogos hace muchos años que no hay convenio y el afiliado tiene que pagar la consulta. En mi caso necesito asistir a ese especialista y se cobra mucho. Entonces no puedo ir al neurólogo ni al cardiólogo, ni a los laboratorios a hacerme los estudios, porque solamente figura la rehabilitación en la planilla que ellos me dieron”, se lamentó.

“No doy más del maltrato”

Uno de los temas que surgió durante la entrevista es la atención que brindan los empleados en la sucursal de calle Gualeguaychú, en Paraná. Allí -según la afiliada- “los chicos y chicas que atienden no saben absolutamente nada, por ejemplo diferenciar un papel del otro. Te tratan como cucarachas y es un maltrato que no tengo porque sufrirlo: he llegado a descomponerme. Eso es muy grave porque no lo hacen solo conmigo”.

En su denuncia pública manifestó que como respuesta le sugirieron que sus demandas únicamente se podían resolver en la sede central de calle Andrés Pazos. Pero su experiencia en ese lugar no fue la más amigable: “Nadie te atiende, no importa el clima, hay que esperar en la vereda, peleando para ver quien sale a atenderte. El único que sale es el portero y la posibilidad de hacer cualquier trámite queda a criterio de él. No te atienden desde el 2020 ninguno de los teléfonos, de ninguna de las oficinas, para poder hacer el seguimiento del trámite. No tenés una forma de comunicarte”.

Angustiada porque las puertas se van cerrado, la vecina de Paraná pensó en recurrir al representante de los Jubilados en el directorio, Ricardo Bertonchini. Pero no tuvo suerte con la gestión: “No es posible de ninguna forma poder acceder a quien es el representante de los pasivos. Algunas personas lo han intentado con otros directores y no es posible hablar con ninguna de las autoridades del Iosper. Lo único que se exige es una respuesta coherente”.

El caso de Raquel es similar al de muchas familias que reclaman que se cumpla con la cobertura básica de salud, es decir un derecho humano fundamental.