Derechos humanos, la agenda ausente

Las "observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Argentina", publicadas hace pocos días por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, son un contundente compendio de las violaciones a los derechos que persisten en el país y se han acrecentado en los últimos meses. Son también una muestra clara de que para el gobierno que encabeza Mauricio Macri, el tema no es una prioridad, ni mucho menos una política de Estado.

El Comité examinó el informe de Argentina en sus sesiones celebradas el días 29 y 30 de junio, y en la sesión del 11 de julio aprobó las observaciones finales. Los aspectos positivos ocupan menos de media página y refieren casi exclusivamente a decisiones anteriores al 10 de diciembre de 2015. Los "Principales motivos de preocupación y recomendaciones", las siguientes 27.

Entre esas preocupaciones están las relacionadas a problemas estructurales, de vieja data, por las que no se puede culpar únicamente a Mauricio Macri y sus funcionarios. Por ejemplo, las persistentes desigualdades entre hombres y mujeres, la escasa participación de estas en los ámbitos público y privado y las grandes diferencias salariales, favorables a los hombres en el orden del 25%. O también la falta de presupuesto y aplicación de la ley para erradicar y prevenir la violencia de género. Pero hay otras deficiencias que son de exclusiva responsabilidad de la actual administración.

En ese sentido, el organismo reprochó "la adopción de recientes medidas de reducción de personal y cambios institucionales en áreas destinadas a la protección de los derechos humanos, particularmente respecto de las instituciones destinadas al proceso de memoria, verdad y justicia". Además pidió la inmediata liberación de Belén, la joven encarcelada para quien se utilizó la figura del delito de homicidio agravado para una supuesta alegación de aborto ilegal. Incluso dice que Argentina debe "considerar la descriminalización del aborto" y "multiplicar y asegurar" la aplicación de programas de educación y sensibilización sobre los derechos a la salud sexual y reproductiva.

Otra crítica fue "la violencia institucional penitenciaria que se manifiesta por el elevado número de casos de tortura y malos tratos contra personas privadas de libertad". Cuestionó el "escaso número de condenas" de los responsables y las "sanciones leves" impuestas. Ni el Registro Nacional contra la Tortura ni el Mecanismo Nacional de Prevención han sido implementados plenamente. Y siguen las requisas vejatorias, los traslados forzosos y el aislamiento como método de castigo.

En el largo listado se incluyeron las detenciones por averiguación de identidad por parte de la Policía, sin orden judicial; la no aplicación plena de la Ley Nacional de Salud Mental; las reformas a la Ley de Medios que favorecen la concentración y afectan la libertad de expresión y "las recientes medidas" que han "debilitado" las instituciones destinadas a la protección de testigos de delitos de lesa humanidad. En particular, el Comité expresó su "preocupación por el nombramiento de un exmilitar como director del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados". E instó a agilizar los juicios de la dictadura y enjuiciar a los responsables civiles.