Qué significaría la desregulación de servicios de salud para personas con discapacidad

Avanza un proyecto de decreto del Gobierno Nacional que elimina el Sistema Único de Prestaciones Básicas para la atención de personas con discapacidad, un nomenclador nacional, vigente desde 1997 que establece los valores para todos los prestadores y garantiza el acceso igualitario a los servicios de salud.

El proyecto de decreto, que cuenta con el aval del director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnoulo, está en estudio en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, y establece que ya no habrá un costo único para cada una de las prestaciones del nomenclador, establecido por el Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas, a favor de las Personas con Discapacidad para todas las obras sociales, prepagas, Pami e Incluir Salud.

La Ley 24.901, sancionada en 1997, establece un único valor de nomenclador para obras sociales, prepagas, PAMI e Incluir Salud. Todas abonan el mismo valor para garantizar la misma atención sin importar la condición económica de la persona con discapacidad y genera obligatoriedad de acuerdo a lo que indica el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Se estima que el cambo propuesto por la gestión Milei afectará a 200.000 personas con discapacidad y tendrá impacto en más de 150.000 puestos de trabajo.

Organizaciones que nuclean a familiares con personas con discapacidad sostienen que la desregulación generará selectividad negativa ya que los pacientes van a tener distintos grados de acceso a las prestaciones. Cada uno de esos entes financiadores pasaría a tener un nomenclador independiente y no vinculante de los otros nomencladores y habría diferentes aranceles para una misma prestación. “Lo que va a pasar con el tiempo es que los prestadores van a priorizar las obras sociales o a aquellos entes financiadores que mejor pagan, sobre todo en este contexto inflacionario”.

Se estima que 8 de cada 10 personas con discapacidad están en condiciones de vulnerabilidad económica. Quienes perciben la pensión por invalidez tampoco llegan a fin de mes porque equivale al 70% de una jubilación mínima. Si todo lo que se gana se lo debe invertir en nuestra salud no hay proyecto de vida posible.

En una protesta realizada el miércoles pasado frente a la quinta de Olivos, que se replicó en varios puntos del país , los manifestantes expresaron que la medida profundizará las desigualdades sociales y precarizará la atención de las personas con discapacidad. En tanto los trabajadores prestadores indicaron que les va a resultar difícil sostener el trabajo que ya es precario.

En el actual contexto económico hay servicios que dejaron de funcionar o que lo hacen de manera deficitaria, como es el caso del transporte que se maneja con aranceles inviables e insostenibles por el atraso respecto de la inflación. También señalan que las obras sociales más chicas tendrán que pelear contra el lobby de las prepagas más poderosas.

Proyecto

Diputados nacionales encabezados por Eduardo Valdés presentó un proyecto en el Congreso para que el Poder Ejecutivo no avance con el decreto. Lleva también las firmas de Miguel Ángel Pichetto y Ricardo López Murphy, de Hacemos Coalición Federal, además de diputadas y diputados de Unión por la Patria.

Valdés explicó: “Estamos hablando de más del 10% de nuestra población, ósea de 4 millones de personas y de sus familias que están angustiadas porque hay un decreto a la firma del jefe de Gabinete y del presidente, que les recortaría definitivamente las prestaciones y el sistema de nomencladores. Para la vida plena que tienen estas personas consagradas, legislaciones que tardaron décadas en construirse y que generaciones de argentinos lucharon para tener, están en peligro por culpa del capricho y de la falta de sensibilidad social del gobierno de Javier Milei”.

Hasta el momento no hay ninguna respuesta del Gobierno Nacional, mientras tanto desde la Asamblea buscan generar un canal de diálogo con el nuevo Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.