Laura Belén Arrieta y las Valijas de Miami: la Fiscalía aportó imágenes

Los fiscales que investigan el ingreso al país de valijas que no habrían sido controladas y que venían en un vuelo privado desde Miami, en un avión de propiedad de un empresario cercano al Gobierno, Leonardo Scatturice, presentaron un dictamen que sostiene que el equipaje eludió las revisiones y muestra imágenes que darían cuenta de sus afirmaciones.

El vuelo en cuestión entró al país el 26 de febrero pasado. Viajaba Laura Belén Arrieta y el avión es de Leonardo Scatturice, el comprador de Flybondi, uno de los nexos entre el gobierno argentino y el círculo cercano al presidente estadounidense, Donald Trump.

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Las sospechas de irregularidades en el ingreso al país de este avión fueron hechas públicas por Carlos Pagni en el programa de LN+. El vocero presidencial, Manuel Adorni, negó en su momento que el equipaje hubiera eludido los controles. “Es fácticamente imposible que alguien haya visto a alguien con diez valijas”, dijo Adorni, que afirmó que todo el equipaje fue debidamente chequeado. Pero los fiscales aportaron pruebas que demostrarían lo contrario. El lunes, Adorni evitó las preguntas de la prensa.

La Aduana emitió un comunicado en el que señaló que “tanto a la aeronave como a la tripulación y a los pasajeros se les realizaron los controles de rutina, conforme a la normativa vigente al momento del arribo del medio de transporte, sin detectarse ninguna irregularidad o novedad en el proceso”. Explicó que “el avión quedó en situación de tránsito en un hangar del aeropuerto hasta el día 5 de marzo, cuando partió con destino final a París, donde también se efectuaron los trámites de rutina sinque se registraran novedades”.

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El dictamen advierte que se puede observar a la pasajera Arrieta con un “comportamiento inusual”.

Scatturice, empleador de la joven viajera de 32 años, está radicado en Miami y tiene un pasado ligado al espionaje. Arrieta y Scatturice fueron organizadores de la conferencia conservadora CPAC en Buenos Aires, de la que participó Javier Milei. Fue a través de la CPAC, en Estados Unidos, que Milei accedió al presidente Trump. Con la difusión del viaje de Arrieta salió a la luz el vínculo de Scatturice con el Gobierno. El empresario es ahora uno de los accionistas de Flybondi, una de las low-cost habilitadas en la Argentina.

De la investigación judicial participan el fiscal del caso, Claudio Navas Rial, y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez. Los fiscales presentaron en la causa un dictamen en el que consideran acreditado que no se controlaron las valijas. En ese documento afirmaron que de los al menos diez bultos de equipaje que llegaron al país solo fueron declarados cinco y que no fueron debidamente controlados.

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Qué dijeron los fiscales sobre las pruebas

Los fiscales dijeron: “Del material fílmico aportado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria se constata que el punto operativo contaba con tecnología de control no intrusivo (escáner) y con un dispositivo tipo “semáforo” destinado a activar el mecanismo de revisión selectiva. No obstante, se observa que, mientras el área se encontraba libre de aglomeraciones, los tripulantes y la pasajera del vuelo N18RU fueron reconducidos por personal aduanero (...) hacia una vía secundaria, sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a revisión de equipaje".

El dictamen advierte, además: “Durante el mismo lapso -entre las 08:56 y las 09:20 horas-, comenzaron a ingresar otros pasajeros al mismo sector, todos los cuales, sin excepción, fueron sometidos al control de equipajes mediante escáner”. Y sostiene: “Esta diferencia en el tratamiento resulta particularmente significativa, ya que no obedeció a una situación de congestión ni a una saturación operativa que justificara una alteración en la dinámica de control. Tampoco se trató de un procedimiento aleatorio accionado por el semáforo u otro dispositivo automatizado, sino que, tal como se aprecia en las imágenes, el desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero, adoptada a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos para llevar a cabo la inspección”.

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Los fiscales dan cuenta en su dictamen del testimonio de un agente que informó que “el traslado de la pasajera hacia la zona de arribos internacionales y la descarga del equipaje demoraron más de lo habitual, aproximadamente entre 15 y 20 minutos”, y que “vio descender a la pasajera de la aeronave portando un teléfono celular -sin poder precisar si era propio o ajeno-, el cual fue entregado a una agente de Aduana”. El dictamen continúa: “Esta última, según describió [el agente], realizó un gesto de “okey”, tras lo cual se llevaron a la pasajera hacia la zona de arribos internacionales". Los fiscales pidieron en su dictamen que se tomen medidas para identificar a esta agente, determinar las líneas telefónicas que tenían Arrieta y esta persona y, una vez determinadas, pedir los registros de llamadas entrantes y salientes, mensajes de texto y tráfico de datos correspondiente a dichas líneas entre las 8:15 y las 9:00 horas del 26 de febrero de 2025, “con el objeto de determinar si existió algún tipo de contacto o intercambio de información que pudiera revestir relevancia para la presente investigación”.

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Arrieta llegó a Aeroparque en un avión privado Bombardier Global 5000, con matrícula de los Estados Unidos N18RU. El plan de vuelo de la aeronave incluyó, después de siete días frenado en Aeroparque, a Francia como destino, con una escala en Tenerife. Ella, no obstante, declaró en Migraciones que su destino final era Estados Unidos.

Los fiscales advirtieron en su dictamen que “el análisis efectuado” de las imágenes del aeropuerto y de las otras pruebas reunidas en la causa permitió identificar una serie de “inconsistencias significativas”, entre las que se destacaron: “omisiones en los controles de equipaje al momento del arribo”, “ausencia de registros que acrediten la trazabilidad del equipaje”, “deficiencias en el registro migratorio de tripulantes y pasajeros”, “falta de documentación que acredite la inmovilización” del contenido del avión, así como del “resguardo e inspección del contenido de la aeronave”, “ausencia del registro del vuelo en las bases de datos estatales correspondientes” y “dudas respecto del aeropuerto de procedencia declarado”, publica La Nación.