Juez cree que una toma de tierras no es delito porque se hizo de día

El archivo de la causa por la ocupación del predio del exClub Planeadores “por no constituir delito”, resuelto por el juez federal Alejo Ramos Padilla provocó una fuerte controversia en La Plata, porque uno de los argumentos que utilizó el magistrado para justificar su decisión fue que la mega-toma de Los Hornos ocurrió “a plena luz del día” y “la delimitación informal de lotes con sogas, palos y alambres también ocurrió a la vista de todos”.

“Los implicados ingresaron al predio sin que se advirtiera la adopción de ningún tipo de medida tendiente a denegar o dificultar ese ingreso”, agregó el juez Ramos Padilla, mientras que el intendente local, Julio Garro (Juntos), rechazó el fallo, pidió el desalojo de más de dos mil familias y exigió a la Provincia que apele, aunque el gobierno de Axel Kicillof no apelará dado que apuesta a lograr cooperación para una urbanización que está en desarrollo.

La ocupación el 16 de febrero de 2020, a las 16 horas, en los terrenos de 76 y 146 de Los Hornos. Entonces intervino la comisaria tercera de La Plata Y la fiscal a cargo de la UFI N°1, Ana Medina. El ministro de Seguridad, Sergio Berni, ordenó el desalojo, pero volvieron y Berni ya no intervino, dado que son tierras nacionales.

El predio que fue del Club de Planeadores pertenece ahora la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que cedió a los ministerios de Desarrollo de la Comunidad y de Desarrollo Agrario 14.000 lotes para proyectos urbanos y productivos que aún no están regularizados.

La Provincia acordó con el gobierno local un plan para urbanizar la zona. Entonces había 188 familias instaladas de acuerdo con un censo del momento. Pero hubo un desacuerdo entre las partes que pretendían urbanizar las 160 manzanas compuestas en el predio, que se extiende desde las calles 143 y 153 y desde la calles 76 a la 86. En la actualidad hay unas 2200 familias.

En el exClub de Planeadores no hay agua potable, no hay cloacas, y es territorio donde abunda el delito. Por esto fuera poco, es objeto de negocios ilícitos por parte de punteros barriales. Es escenario de crímenes aún irresueltos, de apuestas ilegales y de peleas de barras bravas. Todo está judicializada.

Y no tiene Gendarmería, policías, ni nadie que custodie. El juez Ramos Padilla lejos de ordenar el desalojo consideró que es obligación del Estado brindar solución a las familias con déficit de hábitat y por tanto dispuso que tanto el Estado nacional, provincial y municipal deben cooperar para concluir allí con un proyecto de desarrollo urbanístico.

“Este es un proyecto que está judicializado. Nosotros pedimos autorización al juez para desarrollar un proyecto urbanístico. Por supuesto no tienen propiedad los habitantes de los terrenos. En los casos que se han reubicado, lo que hacemos es certificar que se están ubicando de acuerdo al proyecto urbanístico. Y a los que están en lugares que no corresponden los notificamos de que tienen que re ubicarse”, informó dos meses atrás Rubén Pascolini, subsecretario de Hábitat de la provincia de Buenos Aires.

“Estamos trabajando en 1400 lotes con la demarcación de las calles y la ubicación de las familias. Eso significó un trabajo social importante. Había muchas familias ocupando espacios que no correspondían. También iniciamos tareas para aliviar la falta de agua que tiene la población”, expresó Pascolini.

El funcionario, que depende del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, reconoce que “hay varias denuncias por venta irregulares de terrenos que son de conocimiento público por este delito”. Hay una custodia de la Gendarmería, de acuerdo a la capacidad que tiene la fuerza.

“De lunes a viernes están solo los caseros de los que hacen los negocios con la compra ilegal de terrenos. Los caseros a veces dejan los perros y se van”, afirmó Juan un vecino que acompañó a LA NACION por la toma de tierras ilegal más grande de la provincia. “Los fines de semana viene más gente: hay fiestas clandestinas y apuestas en carreras cuadreras”, sostuvo el hombre, que vio cómo llegaron los primeros usurpadores en febrero de 2020.

“El año pasado acá adentro mataron al hijo de un barrabrava de Estudiantes”, se lamentó un vecino que pide reserva de nombre. Se refiere a Gonzalo “El Pipi” Alonso, y la ejecución fue el día de las últimas elecciones legislativas, a raíz de una disputa por un lote. A “El Pipi”, hijo de “El Hache Alonso” le pegaron un tiro en la cabeza durante una pelea por un robo de una casilla. Fue acaso el crimen más resonante. Pero no fue el único en los últimos dos años.

El otrora club Planeadores es una de las 45 tomas de tierras ilegales en las inmediaciones de La Plata. La más grande de los 260 asentamientos activos en esta provincia, donde 200.000 personas habitan de manera irregular, afirma la oposición que pide explicaciones en el Congreso. El gobierno de Axel Kicillof niega esta realidad . Sostiene, en cambio, que son apenas 70 las tomas de tierras activas. En un punto hay acuerdo: esta capital es hoy el epicentro de las tomas ilegales de tierras.