El Gobierno de Chaco pidió hoy a los fiscales a cargo de la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski que analice la posibilidad de que haya intervenido un octavo sospechoso en el encubrimiento del asesinato de la víctima, se informó oficialmente.
Cecilia Strzyzowski: piden investigar a un octavo encubridor
El Gobierno de Chaco pide que se investigue a otro sospechoso en el encubrimiento del femicidio de Cecilia Strzyzowski
4 de julio 2023 · 11:23hs
"Entendemos que hubo otra participación, otra persona que podría haber encubierto el hecho y ya hicimos la presentación", señaló Nahir Barud, la abogada del Área de Litigios Estratégicos que lleva adelante la representación de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia en la querella, en el marco de la causa por el femicidio de la joven de 28 años.
La letrada explicó, a través de un comunicado de prensa, que "habría existido una octava persona", pero que esa hipótesis no pudo ser comprobada "porque hay que tener pruebas determinadas" para pedir su detención.
Por otra parte, Barud indicó que con la investigación realizada por el Equipo Fiscal Especial, se pudo comprobar que existió un hecho delictivo, que hubo premeditación, que existió un contexto de violencia de género, y que existía un encubrimiento por parte de al menos cuatro de las personas involucradas.
La prisión preventiva que fue dictada el pasado jueves para los siete imputados, entre ellos el marido de la víctima César Sena y sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña, "tiene más de 198 pruebas obtenidas en menos de un mes", explicó Barud, entre las que enumeró "un mapa de georreferenciación, las antenas que podrían haber ocupado los celulares, informes de telefonía que ubican minuto a minuto a los implicados y la cámara que enfoca la vivienda donde habrían asesinado a Cecilia".
"Lo que resta ahora es esperar el ADN, que lleva prácticamente un mes, y hay que esperar nuevas pruebas", detalló Barud.
Según el comunicado del Gobierno provincial, la función del área de Litigios Estratégicos es garantizar el tratamiento del caso con perspectiva de géneros y derechos humanos, a través de la querella particular de la causa a lo largo de todo el proceso judicial.
