Corrupción: pareja de funcionarios pidió ser sobreseída

El funcionario del Ministerio de Economía, Luis Erbes, y su esposa, la fiscal del Tribunal de Cuentas Lucrecia Zuttión, pidieron este lunes el sobreseimiento en la causa en la cual se los investiga por supuesto enriquecimiento ilícito. El juez de Garantías, Eduardo Ruhl, pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles 8 de junio las 12 para dar a conocer su resolución. La fiscalía se opuso y pidió más tiempo para tener una pericia más concluyente, mientras que los defensores de los funcionarios pidieron la desvinculación lisa y llana por falta de pruebas incriminantes.

Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Los abogados defensores Franco Azziani Cánepa y Andrés Bacigalupo plantearon el sobreseimiento de Luis Erbes, que es director de Hacienda y Finanzas del Ministerio de Economía de Entre Ríos, y de Lucrecia Zuttión, actual fiscal del Tribunal de Cuentas (TdC).

Azziani Cánepa sostuvo que la pericia contable solicitada a los expertos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) es contundente al señalar que no se visualiza un incremento patrimonial injustificado.

Además el abogado explicó que desde el 9 de mayo el fiscal Ignacio Aramberry tiene la pericia en su poder e igualmente no avanzó con una imputación formal.

El defensor informó al juez que desde el inicio de la causa en agosto de 2016 se realizaron "18 medidas probatorias, dos pericias y tres declaraciones informativas por Erbes. "¿Qué más necesita la fiscalía para incriminar o desincriminar a Erbes?", se preguntó el letrado.

"La pericia no arrojó ningún elemento que incrimine a nuestro defendido. Desde el punto de vista de los hechos no acreditaron elementos para un imputación formal. Desde el 9 de mayo y con la segunda pericia aclaratoria de la primera no se ha imputado. La situación sigue siendo la misma de un mero investigado", indicó.

"Me voy a detener en la pericia porque termina desincriminando a Erbes y su mujer. La pericia arroja luz porque dice que no se observa una evolución patrimonial del matrimonio injustificado", sostuvo el abogado, que aseguró: "Si ha habido una persona que ha colaborado para aclarar su situación es el señor Erbes".

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Hace unos meses atrás, el juez de Garantías Ruhl instó a la fiscalía a imprimirle celeridad a la fiscalía en la investigación.

Por tal motivo se le dio 30 días a los peritos para realizar la segunda pericia que ahora serían pocos, según reconoció el fiscal.

Fiscalía pidió "170 días más"

El fiscal Ignacio Aramberry, acusa al matrimonio el presunto delito de Enriquecimiento ilícito.

En una audiencia Aramberry primero aclaró que lo que recibió no es una pericia, si no un informe. Y si bien reconoció que en este segundo trabajo los peritos María Florencia Ara y Javier Abdala no avizoran un incremento patrimonial no justificable, pidió más tiempo para determinar si la pareja de funcionarios es culpable o inocente.

En 2019, el fiscal que conduce la investigación pidió una pericia contable sobre el patrimonio del matrimonio.

El análisis estuvo a cargo del contador del MPF, Héctor Enrique, que consideró probado el crecimiento patrimonial. De la evaluación participó un perito de parte que no llegó a la misma conclusión que el contador de Enrique. Entonces, se requirió un tercer análisis, a cargo de dos peritos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que concluyeron que "no hay un incremento patrimonial no justificable".

"En el relevamiento preliminar del asunto dicen los peritos que para hacer una pericia el plazo de 30 días es muy exiguo y para eso se valieron de información que ya fue procesada por otros peritos", y añadió: "Sugieren (los peritos) un plazo de 170 días hábiles para realizar un informe más detallado".

"Esto no es una pericia, es un informe. No obstante (los peritos) trataron de dar respuesta y se advierte que para la conclusión a la que arriban porque no han podido confrontar toda la información se han valido de apreciaciones, según ellos no tienen sustentos técnicos ni teóricos", explicó Aramberry al momento de rechazar el pedido de sobreseimiento de la defensa.

Si la pareja consigue el sobreseimiento, se sumarán a una lista de funcionarios públicos que lo vienen logrando en los tribunales locales. Aunque no por el mismo motivo. Cabe señalar al respecto que el exgobernador Sergio Urribarri, los funcionarios Miguel Ulrich y Carlos Haidar, y el exdiputado Ricardo Troncoso, así como su asesor Juan Alfonso Blasón Lorenzatto, fueron sobreseídos (la mayoría en primera instancia) porque los fiscales superaron los plazos de investigación establecidos en el Código Procesal Penal (CPP) de la provincia.

El juez de Garantías Eduardo Ruhl pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles 8 de junio a las 12 para dar a conocer su resolución con respecto al planteo defensivo.

Erbes explicó sus ingresos

El acusado pidió la palabra antes del fin de la audiencia y aseguró que en ningún informe de los solicitados por la fiscalía ha surgido que hay inconsistencia respecto a su patrimonio declarado. "Yo he reconocido el 100% de mis bienes e inversiones. Cuando dice fiscalía que no tiene elementos suficientes me remito a la primera pericia. Los peritos han realizado una tarea minuciosa de todos los gastos de todos, los montos y son inferiores a la última pericia de la contadora Ara".

"Yo no tengo una evolución que calza con forceps. Tengo una evolución amplia. Todo declarado, no entiendo cuando el fiscal dice falta información. Todo está presentado ante AFIP. Yo nunca recibí un requerimiento de AFIP".

Además hizo referencia a una conjetura del perito Enrique que dice que Erbes llevó a la plata a Panamá. "Enrique dice que, supongo, entiendo, que se llevó la plata a Panamá. Yo le mostré al doctor que el mismo día hice Ezeiza- Panamá -Varadero (Cuba). Yo expliqué todo y por lo visto no me han entendido".

Supuestas coimas

La causa en la que se investiga a la pareja Erbes-Zuttión fue abierta en 2016. En principio el fiscal Aramberry les achacó dos delitos: presunta percepción de coimas y supuesto enriquecimiento ilícito.

Por el primer delito, el matrimonio fue sobreseído a principio de abril.

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El juez Alejandro Cánepa consideró que Fiscalía no logró probar la acusación, en el marco de una investigación que ya lleva seis años abierta. La resolución se basó en el artículo N° 397 inciso sexto del CPP provincial, que determina la extinción de la acción penal por prescripción.