Condenan al gobierno a cubrir el tratamiento de maestra fumigada

La Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú, Sala II Laboral, estableció que la docente Estela Lemes padece una enfermedad laboral, causada por el flagelo de las fumigaciones con agroquímicos y condenó al Gobierno de Entre Ríos a través del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser) a que se le otorgue la cobertura de salud que contempla su incapacidad, lo que incluye la rehabilitación y la asistencia médica y farmaceútica.

La sentencia también obliga al Iapser (la Aseguradora de Riesgos de Trabajo) a abonar la suma de 679.537,63 pesos, en el término de diez días de quedar firme la resolución. En uno de sus puntos, el dictamen rechazó las demandas que Lemes había iniciado contra el Gobierno de Entre Ríos y el Consejo General de Educación (CGE). El caso de Estela Lemes es emblemático y bastante ilustrativo respecto de la problemática de las fumigaciones en Entre Ríos. Ella y sus alumnos fueron víctimas en innumerables oportunidades de un sistema productivo que sigue operando con controles deficientes, sumado a la responsabilidad del Estado en lo que concierne a los controles. Justamente la Justicia al hacer lugar a su recurso de apelación, pone en el centro de la escena a la escuela rural Nº 66 Bartolito Mitre, situada en Costa Uruguay Sur, Departamento Gualeguaychú.

Lemes habla con orgullo de una sentencia que convalida una lucha que levantó como bandera casi en soledad durante los últimos años. “Sienta un precedente y que nunca más nadie tenga miedo de denunciar una fumigación. Hablo de colegas o de vecinos en el campo. Y que realmente se den cuenta que los agrotóxicos enferman y matan, está más que claro eso”, ratificó en diálogo con UNO.

Secuelas del veneno

El vocal Vicente Martín Romero, encargado del primer voto, consideró que Lemes padece “secuelas con motivo de las fumigaciones que sufrió en su ámbito laboral”.

Y fundamentó que esas dolencias “guardan relación de causalidad con las tareas y concretamente con el ambiente donde esta trabajaba y vivía”. Claramente el magistrado entendió que su patología debe encuadrarse como una enfermedad laboral, atento al impacto de las fumigaciones agrícolas.

En otra de sus intervenciones, el juez planteó que la situación de riesgo que conllevaba su trabajo se pudo acreditar con testimonios, documentación, actuaciones administrativas y pericias. Siguiendo esos parámetros, Romero cuestionó que no se hayan practicado exámenes preocupacionales, que constataran dicha patología.

En una entrevista con UNO, Lemes relató que su humanidad y la de sus alumnos estuvo expuesta a químicos contaminantes. Esa experiencia le trajo consecuencias: luego de estudios de laboratorio en el Instituto Fares Taie, de Mar del Plata, se le detectó en la sangre Clorpirifos Etil y glifosato. Esos elementos de prueba fueron tenidos en cuenta al momento de dictar sentencia.

La bioquímica María Suárez describió a qué tipo de sustancias pertenecen el clorpirifos etil y el glifosato. Sobre el primero explicó que es un insecticida organofosforado y que el segundo es un herbicida del mismo tipo. Informó que el clorpirifos presenta una rápida sintomatología –efectos agudos– o se hace presente luego de un largo período –crónico–. En cuanto al glifosato manifestó que su toxicidad corresponde a la categoría 2A, es decir que es probablemente cancerígeno para los seres humanos. Y completó que el clorpirifos puede provocar en personas adultas “mareos, fatiga, secreción nasal, lagrimeo, salivación, náuseas, molestia intestinal, debilidad, etcétera, explicando los síndromes muscarinico, nicotinico y neurológico que genera”.

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Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

Pericias y controversia

Luego hacer una serie de valoraciones de las pericias que evaluaron el daño que los agroquímicos pudieron haber causado sobre la salud de Lemes, el juez determinó que la patología descripta es “una dermatitis aguda o irritativa o crónica”. Al respecto el vocal se explayó: “Es más, las lesiones en la piel también están dentro de la tabla de incapacidades laborales -decreto 659/96-, al referirse a lesiones que deriven de las enfermedades profesionales que figuren en el listado, diagnosticadas como permanentes o como secuelas de accidentes de trabajo, que preven un grado de incapacidad que varía según el lugar de afectación”.

A luz de los hechos, propuso que se indemnice a la damnificada por un 13% de incapacidad parcial y definitiva.

Antes de arribar a esta decisión y tomando en cuenta el informe pericial del doctor Eduardo Chesini, el magistrado determinó que Lemes no sufre de daños neurológicos “con motivo de las intoxicaciones sufridas en su ámbito laboral”. Previamente había abordado la controversia por el resultado contrapuesto de las diferentes pruebas periciales, entre ellas la de Chesini y la de la doctora Ana María del Carmen Mariano de Britos.

“Ni siquiera me vieron”

Lemes también se permitió hacer un análisis de la sentencia, pero más precisamente sobre la actuación de los peritos de parte. La mujer cuestionó que en su momento apeló porque se falló a favor de la ART. “Algunos peritos ni siquiera me vieron, poco pueden saber de mi enfermedad si están viendo análisis o estudios de cuatro años atrás. Detrás de un escritorio el perito forense brinda su dictamen. Es una falta de respeto. Apelamos más que nada pensando que sí debía haber justicia y que lo íbamos a conseguir”, argumentó.

Acto seguido habló del valor su lucha y sabiendo que se está enfrentando a sectores de poder. “Estamos peleando contra las grandes corporaciones. Al decirme que sí a mí, están diciendo que los agroquímicos enferman. Es mi visión de lo que resultó el fallo”, sostuvo.

Ante el leve grado de incapacidad que le otorgó el fallo, Lemes ofreció su punto de vista. “No pido ni que me jubilen, ni que me den un grado alto de discapacidad. Quiero seguir trabajando, estoy en condiciones de jubilarme hace mucho tiempo, por la edad y los aportes que tengo: casi 27 años de docente y 56 años de edad. Tranquilamente me podría haber jubilado y no quiero. Quiero seguir trabajando porque creo que le falta mucho a la 66. Y yo puedo darle eso que le falta”, justificó.

Negó que se hayan producido nuevas fumigaciones, porque en los campos linderos a la escuela donde trabaja se dedicaron a la ganadería. Y sostuvo que en campos cercanos sigue la producción de soja: “En eso estoy atenta, porque si veo que la deriva llega a la escuela, denunciaré nuevamente, como corresponde. Hay controles en algunos casos”.