Con la crisis se agravó la informalidad en el sector de empleadas domésticas

Trabajo en negro, sueldos bajos, incumplimientos de convenios e inscripciones deficientes son algunas de las características que se han profundizado en el sector de las empleadas domésticas, en los últimos meses. Como todos los rubros de la economía, las trabajadoras no están expuestas a la realidad social.

En ese marco se publicó ayer en el Boletín Oficial de la Nación el acuerdo alcanzado en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares: allí se decidió una suba salarial del 15%, correspondiente a la cláusula de revisión del acuerdo paritario de 2018, por pérdida del poder adquisitivo.

Con esta modificación, la categoría 5ª –la más común– correspondiente al personal para tareas generales, tendrá un haber mensual de 12.703 pesos mensuales –por 48 horas al mes con retiro– y en 14.126 sin retiro. La hora pasó a 103 pesos. En tanto la 4ª categoría, que incluye al personal que realiza tareas de cuidado de personas (niños y ancianos), se situó en 14.126 pesos mensuales con retiro y en 15.742 sin retiro. La hora en esta categoría se estableció en 110 pesos.

"En realidad entra en vigencia un ajuste salarial. En junio del año pasado habíamos acordado un 25% en cuatro partes, con una cláusula de revisión. Para ello fuimos convocadas el 5 de abril, donde se acordó un 15% de ajuste sobre el 25% anterior. Esta variación irá hasta junio, donde iniciaremos la discusión paritaria de este año", explicó Manuela Muñoz, secretaria general del Sindicato de Empleadas Domésticas de Entre Ríos. Durante el año pasado, la escala había sido de 12% de aumento salarial en julio; 5% en septiembre; 5% en diciembre; y 3% en marzo.

Más allá de la mejora salarial, el sector sigue siendo uno de los más castigados o rezagados del ámbito laboral.

"Venimos viendo que hay un achatamiento en las contrataciones y en el blanqueo; habíamos tenido un proceso en alza y ahora está parando. Por eso, desde el Consejo Nacional se aprobó en la última reunión y quedó asentado en actas, la decisión de iniciar una campaña de difusión con la Secretaría de Trabajo y todos los sindicatos que estamos trabajando en la comisión, para justamente colaborar con el blanqueo. Más allá de la problemática económica, porque las contrataciones existen y la cuestión es que se formalice y que el empleador tome conciencia y haga el trámite de inscripción, porque no es que no tienen más trabajadoras. El trabajador está, y el empleador tiene que registrarlo y hacer el aporte", sentenció.

No hay estadísticas oficiales sobre el sector. Pero se cree que al menos hay un 50% de trabajadoras en negro, y un importante porcentaje en lo que se define como "inscripción deficiente", es decir, es inscripta en una categoría, cuando en realidad cumplen otras tareas.

Según Muñoz, la mayor cantidad está inscripta en la categoría 5ª, que es personal para todo tipo de tareas. Pero a veces sucede que hay quienes deberían estar en la categoría 4ª, que es para los que atienden a personas mayores o con discapacidad, o están al cuidado de niños, y para pagar menos son inscriptas en la 5ª. "Además –agregó– cuando uno cuida a una persona que está totalmente dependiente de vos se supone que no se puede hacer todas las tareas de la casa porque estás junto a personas dependientes". Entonces, no se está pagando lo que corresponde a la trabajadora, por algo que no está dentro de su responsabilidad o categoría.

En cuanto a la proporción de empleados en blanco "será entre 20% o 30% del total de trabajadores", apuntó Muñoz.

Por esa razón de falta de cifras, están pidiendo un censo del sector. A raíz de ello, a nivel nacional se trató la temática. "Apuntamos a que el Estado haga un censo porque es lo que corresponde, nuestro sector se lo reconoció como trabajadores y se equiparó con el resto, mediante Ley 26.844 del 2013.

Y agregó también que en este contexto de crisis económica, se da lo que s denomina "competencia desleal", teniendo en cuenta que el aumento de la desocupación y la falta de empleo hace tener una oferta mayor de trabajadoras, y que aceptan menores remuneraciones y menos derechos.

Al respecto, opinó: "Comprendemos que hay personas con mucha necesidad, pero también defendemos los años que llevamos no solo militando sino defendiendo el derecho de la trabajadora. Llegamos con mucho esfuerzo a 103 pesos la hora, y ocurre que viene alguien y dice al empleador que cobra 50 pesos las hora con tal de trabajar, nosotros entendemos la necesidad del compañero, pero está dejando detrás todos sus derechos primordiales porque no tenemos derechos excepcionales, sino mínimos. Eso es un gran paso atrás para nosotros". Y sostuvo que vienen con un sensible retraso salarial, ya que los sueldos están pocos pesos encima del salario mínimo vital y móvil.