Ajuste en discapacidad: el Gobierno debe más de 100 millones de pesos en la provincia

La grave situación que afecta a las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, a partir de los recortes y falta de pagos de la Nación, llevó a una nueva manifestación que reunió en Buenos Aires a integrantes de escuelas especiales, transportistas, centros de día, hogares y centros de rehabilitación.

El gobierno nacional acumula deudas de cuatro o cinco meses, tiene pendientes pagos de uno a varios meses de 2017, y no actualizó montos para los beneficiarios del programa Federal Incluir Salud este año. A ello se suma el recorte en el área de Salud, que se fijó en el proyecto de Presupuesto Nacional 2019 –que ya tiene media sanción de Cámara de Diputados– y asfixiará aún más de recursos a esas instituciones.

La protesta realizada el miércoles en Plaza de Mayo se denominó Marcha de las sillas vacías en reclamo contra el ajuste para las personas discapacitadas. Incluyó el pedido para que no haya una baja indiscriminada de pensiones no contributivas; para que se adecuen los aranceles congelados desde octubre de 2017; para que el programa Incluir Salud se ponga al día; y para que el programa garantice a las personas con discapacidad el acceso a medicamentos, prótesis y todo lo que necesitan; entre otros puntos del petitorio elevado al presidente, Mauricio Macri.

Las instituciones entrerrianas que trabajan en la atención de pacientes con discapacidades participaron de la manifestación a través de sus representantes o asociaciones nacionales.

En la provincia hay unas 19 entidades, que brindan diferentes prestaciones a unos 520 beneficiarios discapacitados y en situación de vulnerabilidad. La deuda con estos prestadores supera con holgura los 100 millones de pesos, de acuerdo con distintas evaluaciones de referentes del sector.

La titular de la Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Aminorados (Apana), Cristina Ripari explicó a UNO que luego de la protesta realizada a mitad de año, recibieron algunos pagos en parte de la deuda. Sin embargo, el retraso de Nación por el programa Incluir ya acumula entre cuatro o cinco meses. "En nuestro caso, el último pago corresponde a junio. Además seguimos reclamando lo que quedó pendiente de 2017. La Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (Aipesa) pidió a todas las instituciones que hiciéramos una carta documento, reclamando meses y porcentajes. Esa deuda está conformada por recortes del 20% que nos hicieron entre octubre y diciembre, y en casos de distintas instituciones, otros meses de 2017", indicó.

Ripari precisó que a mitad de año, cuando el retraso de envío de fondos llegó a casi ocho meses, había un serio riesgo de cierre de la institución. "Hoy entraron diferencias de pagos, pero incluso cuando nos han hecho depósitos, nos han efectuado descuentos de hasta 300.000 pesos, supuestamente al desconocer una recategorización de la institución –las entidades son clasificadas en a, b y c– que ya se hizo hace meses, figura en sistemas, pero que aún no es reconocida", dijo. La deuda de la Nación, en el caso de Apana, supera los 4 millones de pesos. Pero otras instituciones tienen impagos envíos por cifras el doble o el triple.

"Para nosotros –dijo la titular de Apana– es demasiado dinero, porque uno todos los días necesita plata para mantener la institución. La comisión directiva determinó declarar la situación de emergencia económica y financiera para reducir al máximo todo tipo de gastos. En la diaria podemos ir funcionando a partir del cumplimiento de las otras obras sociales; y a la par de ello, obtuvimos algunos subsidios de Desarrollo Social de la Provincia, empresas que nos ayudan, eventuales donantes de alimentos, organización de ferias y ventas con la participación de padres. Todo ayuda", contó acerca de los esfuerzos para obtener fondos que permitan garantizar el funcionamiento de la institución.

Sin embargo, la situación es angustiante, incierta y dramática en algunos casos. Si bien en Entre Ríos no hubo cierres de instituciones, en la provincia de Buenos Aires ya hubo varios. "La persona con discapacidad no puede solventarse sola. Un discapacitado, como en nuestro caso, con problemas mentales, no es que se curen y se terminó el tratamiento, sino que es un tratamiento de por vida. Entonces el mismo sistema o Estado no les está garantizando su derecho, y ellos tienen derecho; su cobertura de salud está establecida en la Convención Internacional, a la que Argentina adhirió y tiene rango constitucional, pese a que el mismo Estado nacional hace caso omiso", opinó Ripari.

Además, el panorama no es el mejor, frente a un escenario de recortes del Estado para 2019, especificados en el proyecto de Presupuesto. "El recorte está y no se sabe cómo el Gobierno va a afrontar o hacer frente a sus compromisos el año próximo. Veremos cómo se presenta. El recorte ya se está dando, lo que no sabemos es cómo incidirá", remarcó.

Finalmente, la titular de Apana mostró su preocupación por la situación de la quita de pensiones por incompatibilidad, establecida por el Gobierno en septiembre. Tras la notificación de baja, padres o tutores deben presentarse en Anses para hacer su descargo. "Creemos que se está adoptando un sistema perverso, porque en el caso de que un padre perciba un sueldo mínimo, no podrá percibir su hijo una pensión, que se trata de un monto muy bajo, de unos 5.000 pesos", opinó.