Procesaron al analista Francisco Javier Marín

La Cámara de Casación Penal resolvió el procesamiento del analista Francisco Javier Marín por el ejercicio ilegal de la psiquiatría y la psicología, en el marco de la causa donde se investigan las circunstancias de la muerte de Horacio Martín Eyssartier. De esta manera se revocó el sobreseimiento por el delito de usurpación de grados, títulos y honores dictado en noviembre de 2015 por el Tribunal de Apelaciones. En esta oportunidad, fueron los camaristas Marcela Davite, Hugo Perotti y Marcela Badano que en forma unánime decidieron sobre la situación procesal de Marín.

"En pocas palabras el médico que atendió a Eyssartier no cumplió con la normativa vigente", afirmó el abogado querellante Marcos Rodríguez Allende.

Ahora la causa, que ya supera los tres años de investigación, cobró un nuevo impulso, más allá de las diferentes dilaciones que debió sortear y las intervenciones de juzgados de varias instancias. El expediente se inició por una denuncia penal por mala praxis por la dudosa muerte de Eyssartier, aunque con el avance de las actuaciones surgió que el médico no poseía la matrícula habilitante para ejercer la psicología, y que en su sello figuraba su condición de psiquiatra. Estas irregularidades fueron el eje de la estrategia de la querella, quien también cuestionó que el médico se haya desempeñado en un área sensible del Poder Judicial: trabajaba en el Juzgado de Ejecución de Penas, como responsable del área mental y de efectuar las respectivas pericias a las personas condenadas para evaluar si corresponde una salida laboral y condicional.

En el primer semestre del año se introdujeron nuevas pruebas al expediente y se hizo lugar a un pedido de la familia Eyssartier. La pericia médica, frenada por profesionales que se excusaron en Paraná y Concepción del Uruguay, podría develar cuestiones atinentes a la forma en que Marín le recetaba medicación a su paciente. Por otro lado, la agente fiscal Laura Cattaneo reemplazó a Viviana Ferreira, una funcionaria duramente cuestionada por la familia denunciante por su supuesto mal desempeño en la investigación. Tras el fallo de Casación se presume que la causa podría ingresar en una fase decisiva y en lo que resta del año se podría llegar al juicio oral después de tres años.