Inmobiliarios e inquilinos en la encrucijada por la ley de alquileres

El alquiler es uno de los temas sensibles, y más para cualquier trabajador. Por lo general representa un gran porcentaje de su sueldo y se lo llevan otras personas cada mes a cambio de un techo donde vivir. El Senado de la Nación aprobó la semana pasada y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca regularizar los alquileres y su legislación. La propuesta prevé cambios en el reciente Código Civil y Comercial; y genera polémica entre inquilinos y el sector inmobiliario.

La ley propone que el costo mensual cambie al año, atado a la inflación y que los contratos sean de tres años en lugar de dos.

Además contempla que el depósito en garantía no deberá superar el valor del mes de alquiler y tendrá que ser devuelto de manera obligatoria cuando se hace entrega de la llave al término del contrato. El monto a restituir será igual al último pago por parte del inquilino.

Las comisiones no podrán superar el valor de un mes de alquiler, las expensas extraordinarias en ningún caso correrán por cuenta del inquilino y este podrá rescindir el contrato en cualquier momento. Para hacerlo deberá abonar una multa de un mes y medio si utiliza la opción durante el primer año, y de un mes si la ejerce en el segundo o tercer año.

Asimismo, las partes deberán acordar 60 días antes del término del contrato si deciden renovar para un nuevo período o no. En caso de no continuar, el inquilino puede rescindir el vínculo -en esos 60 días restantes- sin pagar ninguna multa.

Hasta ahí algunos de los puntos más importantes de esa ley que tiene posibilidades concretas de ser sancionada.

Frente a esa iniciativa, UNO habló con José María Armándola, presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, quien explicó que el costo de un alquiler siempre debe acompañar el salario. "Así lo veníamos haciendo con un ajuste anual y tomando como promedio a las paritarias que a fin de año fueron del 30%", sostuvo, y agregó que ve con preocupación que la nueva propuesta de legislación genere inseguridad jurídica. También encuentra que algunos de esos puntos son innecesarios. Se refirió en particular a los alquileres de viviendas familiares y no de aquellos inmuebles que son para locales comerciales los que, explicó, tienen todo otro tipo de lógicas y alcances.

"El Código Civil reformó la Ley de Alquileres y no hubo problemas, está en funcionamiento y sin inconvenientes. Eso genera confianza para que la gente ponga su propiedad en alquiler. Hablo de la renta de un ahorrista que se pudo hacer de uno, dos, tres o cuatro departamentos", dijo Armándola, y sostuvo que con cuatro departamentos de un dormitorio, a 4.000 pesos cada uno, al mes se obtiene un salario que puede acompañar una jubilación. "No hablamos de gente sumamente rica", aclaró, y agregó que quien pone su casa en alquiler lo hace con confianza, pero llevar de dos a tres año los contratos genera dudas en los propietarios. "¿Qué puede pasar de aquí a tres años? Eso se lo plantea cualquiera", se preguntó.

Por otro lado indicó: "La vivienda es sensible, esta ley es un tema político y genera inseguridad jurídica porque el que tiene la plata no sabe si invertir o no. Ya hubo una modificación con el Código Civil y el mercado no funcionaba mal", dijo Armándola, y agregó: "Cuando más la tocás a la legislación, peor es el resultado. Está funcionando bien. Lo que hay que terminar es con la inflación, ver de qué manera la sacamos y ponemos a la economía en movimiento, esa es la coyuntura de este momento, hay que pensarla por ese lado. Estas cosas (La ley de alquileres) agravan el problema, no lo solucionan".