La caída, por insustentable, del convenio de PAMI con el Sanatorio Concordia generó un dificil escenario para los afiliados y obligó a reestructurar la atención de la salud de los jubilados de la región.

La crisis sanitaria local se desencadenó luego de que el Sanatorio Concordia tomara la decisión unilateral de rescindir el convenio de atención con PAMI, estableciendo el pasado 31 de agosto de 2026 como el último día de vigencia del servicio para los afiliados.

Ante esta coyuntura, las autoridades de la delegación Concordia de PAMI puso en marcha un plan de reorganización de su red de prestadores con el fin de evitar que se interrumpa la cobertura de sus afiliados.

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Plan de contingencia

Para asegurar la atención de los adultos mayores del departamento Concordia, la titular de la Unidad de Gestión Local (UGL) 34 de PAMI, Karina Bernardi, detalló que se está evaluando formalmente al centro de salud "Carrillo" como posible prestador alternativo para absorber la demanda médica.

La funcionaria aclaró que la contratación definitiva de un nuevo prestador que asuma la cápita formal dependerá de las ofertas de servicios que reciba la entidad en los próximos meses. Mientras se concreta esta transición, PAMI informó que la atención está plenamente garantizada en el resto de la red activa de la obra social.

Asimismo, se estableció una medida de prioridad absoluta para los pacientes oncológicos, a quienes se les garantizará la continuidad de sus tratamientos de manera ininterrumpida hasta que se resuelva la asignación del nuevo prestador definitivo.

Desde el organismo aseguraron que están abocando todos los esfuerzos para reordenar la red y notificar oportunamente a cada afiliado sobre su nuevo lugar de atención.

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Antecedentes y motivos del conflicto

Respecto a las causas económicas del quiebre, la titular de la UGL 34, Karina Bernardi, reveló que el Sanatorio Concordia cobraba tarifas un 30% más elevadas que el resto de los prestadores médicos de la Costa del Uruguay.

Por su parte, la administración de PAMI remarcó que la institución venía realizando un esfuerzo sostenido para actualizar los valores de su nomenclador y mejorar los pagos a los prestadores de toda su red nacional.

La caída definitiva del convenio el 1 de septiembre de 2026 desató una masiva movilización de jubilados, pensionados y organizaciones gremiales y sociales por las calles de la ciudad.

La protesta, que se inició por la mañana con una concentración en la sede del sindicato ATE y marchó hacia la sede de la UGL 34, visibilizó el profundo malestar de los afiliados ante la incertidumbre de no contar con una institución médica asignada con cápita para internaciones, sumado a las persistentes dificultades previas para conseguir turnos y prestaciones básicas.

La protesta también tuvo un fuerte componente de rechazo a las políticas del Gobierno nacional. Entre las consignas, se escucharon repudios al presidente Javier Milei y críticas a las medidas que afectan a jubilados, trabajadores, organizaciones sindicales y distintos sectores sociales.

ATE advirtió que el Carrillo y Heras no reemplazan al Sanatorio Concordia

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se remarcó que el Carrillo y el Felipe Heras “no son hospitales” y no cuentan con la complejidad necesaria para reemplazar al Sanatorio Concordia en la atención a afiliados de PAMI ni su demanda.

La discusión se abrió a partir de la propuesta de la titular de la UGL 34, Karina Bernardi, de sumar a los efectores públicos Ramón Carrillo y Felipe Heras para cubrir internaciones.

El secretario general de ATE Concordia, Pedro Pérez, planteó que el problema no es solo de camas o de espacio, sino de escala sanitaria. “Para empezar, hay que decirle a la señora que no son hospitales, son centros de salud”, dijo a El Entre Ríos.

ATE no cerró la puerta a que esos centros puedan colaborar en una contingencia, pero insistió en que antes hay que revisar condiciones concretas y hablar con sus autoridades. Pérez fue directo al describir los límites operativos. “Hay casos que no lo van a poder absorber porque no hay para hacer cirugía, o sea, a lo mejor sea instalarlo solamente por una cuestión de internación, nada más”.

La preocupación de ATE se inscribe en un cuadro más amplio de tensión sobre el sistema sanitario. Desde el gremio advierten que el eventual traslado de afiliados de PAMI a los efectores estatales terminará cargando todavía más sobre el personal de salud.

Al evaluar el panorama, el referente de ATE Concordia también apuntó contra la falta de respuestas de los distintos niveles del Estado: “Hay un problema que viene a nivel nacional, provincial, y también se tiene que hacer cargo la municipalidad porque, por lo menos, si vos sos intendente de una ciudad, tenés que gestionar para que esto no ocurra”.

Desgüace de PAMI

En ese marco, Pérez endureció su diagnóstico sobre la situación de los jubilados y del sistema de atención: “Para mí son cuestiones de que el presidente de la República lo ha dicho en su momento, si no tienen para atenderse, lo ha dicho Caputo, no tienen para atenderse y se tienen que morir que se mueran los viejos”.

También advirtió sobre el impacto laboral que tendría una mayor presión sobre los hospitales públicos: “Nosotros no vamos a bajar los brazos, o sea, esta pelea la seguiremos haciendo tanto los jubilados como la administración pública en general, que también acá hay más trabajo para los compañeros en los hospitales, porque estamos peor que en la época de la pandemia”.

Por último remarcó la gravedad de la situación e instó a las autoridades provinciales y municipales a involucrarse en una respuesta a los damnificados.