La suspensión de servicios programados en clínicas privadas y la drástica reducción en la cobertura de remedios esenciales configuran un escenario crítico para los 5,4 millones de afiliados de PAMI, la mayor obra social del país.

A fines de agosto más de un centenar de clínicas, sanatorios y hospitales privados del Conurbano bonaerense, Córdoba, San Juan y Mendoza suspendieron la atención programada a los afiliados del PAMI. A esto se suma la desatención de unos 15.000 afiliados en Concordia por la caída de un solo prestador.

La medida de fuerza, convocada por la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), implicó la reprogramación de turnos, consultas, estudios ambulatorios y cirugías no urgentes, manteniéndose únicamente la atención de emergencias (códigos rojos) en las guardias.

Esta protesta se sumó a un paro previo de 24 horas realizado el lunes 24 de agosto en provincias de la Patagonia como Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa. La paralización de los servicios expone de manera abierta la "extrema fragilidad" financiera que atraviesa el sector de salud privado que atiende a los beneficiarios de la obra social.

Causas: Inflación, desfase arancelario y deudas

El origen del conflicto radica en un reclamo histórico de los prestadores privados: el fuerte atraso en la actualización de los aranceles que perciben y la mora en los pagos por parte de la obra social.De acuerdo con una carta enviada por distintas entidades del sector al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo, existe un retraso arancelario acumulado del 131,9% respecto de la inflación.

Los prestadores denuncian que, entre diciembre de 2023 y julio de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un aumento del 241%, mientras que la cápita abonada por PAMI (el pago por afiliado asignado) apenas se incrementó un 111%. Esta brecha de 132 puntos porcentuales deterioró gravemente la capacidad económica de las instituciones sanitarias.

Desde la dirección del PAMI señalaron comprender las demandas de los centros médicos, pero advirtieron que cualquier incremento debe realizarse de forma responsable, garantizando el sustento económico y el financiamiento a largo plazo.

Por su parte, Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, describió la situación como una "crisis estructural" vinculada a que el PAMI carece de efectores de salud propios (médicos, clínicas y centros de diagnóstico). Al depender casi exclusivamente de prestadores externos privados (muchos de ellos "PAMI-dependientes"), cualquier desfase financiero deriva de forma reiterada en cortes de servicio o rotación de prestadores.

Consecuencias alarmantes: el riesgo en tratamientos vitales

El impacto de la crisis financiera no solo afecta las consultas y cirugías programadas, sino que se extiende a áreas de alta complejidad médica, como los tratamientos de diálisis. En Argentina, unas 10.000 personas en tratamiento de diálisis (un tercio del total país) son afiliadas al PAMI.

La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la Argentina (CADRA) denunció que el valor que perciben por estas prácticas no ha sido actualizado en un año y medio, registrando además una reducción neta del 8%. Ante esto, reclaman de urgencia un incremento del 50% para recomponer los costos.La respuesta del PAMI ante esta queja fue que no redujeron los recursos, sino que modificaron el modo de cálculo, unificando ítems como los "bonos por calidad" dentro del valor general del tratamiento.

Sin embargo, la preocupación médica es extrema. Rolando Barbieri, médico nefrólogo y presidente de CADRA, advirtió sobre el peligro de muerte: “Un paciente con insuficiencia renal crónica terminal que no recibe tratamiento dialítico se intoxica por acumulación de toxinas produciendo una falla multiorgánica que lleva a la muerte en cuestión de días, semanas o meses”.

El bolsillo de los jubilados y el recorte en medicamentos

A la parálisis de la atención médica se le suma un obstáculo económico cotidiano: el encarecimiento y la pérdida de cobertura de los medicamentos.Durante años, el programa "Vivir Mejor" garantizaba la cobertura del 100% en medicamentos esenciales de manera automática. No obstante, desde 2024 se llevó a cabo un desarme progresivo del beneficio:

• Abril de 2024: Se creó un programa temporal con solo el 40% de cobertura.
• Junio - Agosto de 2024: PAMI retiró del vademécum 55 de las 167 moléculas esenciales (un tercio de la lista).
• Diciembre de 2024: Se eliminó el acceso automático, reduciendo la cobertura para patologías agudas y crónicas a un rango de entre el 50% y el 80%.

Este achique de la cobertura fue expuesto en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde organizaciones de la sociedad civil como el CELS revelaron que la cobertura de medicamentos esenciales cayó de 4,6 millones de afiliados antes del ajuste a solo 1,5 millones en la actualidad, registrándose una caída en ventas de cerca de 20 millones de medicamentos durante 2025.La desprotección económica resulta evidente al contrastar los ingresos mínimos con el costo de vida.

Según datos de la Defensoria de la Tercera Edad, en marzo de 2026 la Canasta Básica de un jubilado alcanzó los $1,6 millones (sin contemplar alquiler), requiriendo un 11% de ese total ($174.500) únicamente para gastos de salud. En ese mismo período, la jubilación mínima apenas llegaba a los $439.672 (con bono incluido), dejando a miles de adultos mayores bajo una situación de extrema vulnerabilidad social y sanitaria.

Fuente: Chequeado