La Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná expresó su rechazo a la Ley de Creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) que presentara el gobernador Frigerio en la Cámara de Senadores para su tratamiento y que implica la eliminación de Iosper.
Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná suma su oposición a la creación de OSER
La Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná rechaza el proyecto que eliminar el Iosper. Oser "desnaturaliza su origen" y otorga al Ejecutivo su administración
24 de mayo 2025 · 11:06hs
La Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná rechaza el proyecto que eliminar el Iosper. Oser "desnaturaliza su origen" y otorga al Ejecutivo su administración
"El Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) es un sistema solidario de salud que cubre las prestaciones con el aporte patronal de los Estados provincial y de los municipios y comunas adheridos y el aporte personal de todos los trabajadores activos y jubilados en relación de dependencia con estos Estados; cuyo capital inicial fue el patrimonio de la Caja Mutual del Personal de la Administración Pública de Entre Ríos. El nuevo proyecto de Ley desnaturaliza esta situación de origen y otorga al Poder Ejecutivo del gobierno provincial toda la facultad para su administración. Esto es así, ya que la nueva norma en tratamiento le permite apropiarse de los aportes de los afiliados para decidir su destino sin consultarlos, creando un Directorio en el que la mitad de los miembros es nombrado por el gobernador", indicaron en un comunicado.
Tal como lo manifestaron en su carta a la Cámara de Senadores trabajadores y afiliados del Iosper el pasado 2 de mayo: “La respuesta debe ser reforzar esos organismos de control, no desmontar la institución que administra los aportes de los trabajadores y afiliados.”. En este sentido, también es cuestionable la propuesta de eliminar la Comisión Fiscalizadora integrada por tres profesionales que establece la ley vigente, reemplazándola por un Síndico Fiscalizador que nombra el mismo Gobernador por un período de cuatro años. El nuevo proyecto no avanza en un órgano de control interno con más transparencia.
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Otro aspecto negativo es la pérdida de derechos adquiridos por parte de trabajadores y afiliados, ya que actualmente son afiliados naturales los funcionarios, magistrados y empleados públicos provinciales, municipales y comunales y sus grupos familiares. Si se aprueba este proyecto, dicha afiliación del grupo familiar sería con nuevas condiciones. La transformación interna de la institución puede eliminar la posibilidad de una carrera administrativa a los actuales trabajadores y autoriza a implementar un régimen laboral que podría precarizar las condiciones de los futuros trabajadores.
Del texto se infiere un criterio de gestión mercantilista que diluye en las rentas generales los aportes de los afiliados, habilita la posibilidad de obtener recursos internos y externos (endeudarse), de asociarse con gerenciadoras y prestadoras privadas, captar afiliados de otras obras sociales. Se distancia de criterios vinculados a un sistema de salud articulado con efectores públicos para adoptar políticas de prevención y cobertura sanitaria, para adherir a las políticas que definan gerenciadoras y prestadoras.
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Esto último se vincula con las denuncias efectuadas por trabajadores de las acciones que ya ha tomado la intervención: sin fundamentación técnica se han incrementado los montos de aranceles y coseguros, se han hecho convenios exclusivos con empresas de Buenos Aires para la provisión de prótesis sin hacer cotejos de precios y eludiendo la Ley de Adquisiciones del Estado y la Ley COMPRE (Ley de Compras Provinciales), se han modificado prestaciones sin avisar a las Delegaciones y a los afiliados, se ha adjudicado a empresas de Buenos Aires en forma directa los sistemas informáticos, lo cual es ilegal ya que migra los datos de los afiliados a una jurisdicción diferente sin el necesario consentimiento.
Por lo descripto, el proyecto del gobernador no atiende las necesidades de los afiliados ni a transparentar la gestión; sino que manifiesta una orientación vinculada a garantizar una obra social al servicio de gerenciadoras privadas para uso de los recursos de los afiliados.
La Asamblea Ciudadana Vecinalista reafirma lo pronunciado por los trabajadores del IOSPER: se debe (y se puede) implementar un mecanismo transparente de control de los recursos, sin necesidad de crear una nueva Ley.