Iosper: la intervención costó 10 veces menos que la vieja conducción gremial

El Gobierno de Entre Ríos informó que el proceso de intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia (Iosper) tuvo un costo total de 201 millones de pesos en seis meses.

Ese monto, que incluye salarios del equipo directivo, contrataciones técnicas y gastos operativos, es equivalente al gasto mensual que la anterior conducción gremial destinaba solo a sueldos del Directorio, asesores y personal jerárquico. Comparado con el funcionamiento integral de la gestión anterior, representa un ahorro de 10 veces en relación al gasto mensual que sostenía el esquema sindical.

El contraste deja en evidencia el modelo que se busca dejar atrás: una estructura opaca, descontrolada y excesivamente costosa, que privilegiaba intereses sectoriales por encima del bienestar de los afiliados. La intervención, dispuesta por el gobernador Rogelio Frigerio, marcó el inicio de una etapa de orden, austeridad y control, orientada a restituir los derechos de más de 300.000 entrerrianos.

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Resultados concretos de la intervención

Reducción del déficit: el déficit mensual del Iosper se redujo un 30% mediante la revisión de contratos, la eliminación de gastos superfluos y la implementación de controles que antes no existían.

Detección de corrupción y abusos: se encontraron más de mil prótesis compradas y nunca entregadas, sobreprecios de hasta el 1.000% en medicamentos, y más de 80 personas que cobraban sueldos sin trabajar. Todas estas irregularidades fueron denunciadas ante la Justicia.

Fin de los monopolios: se terminó con el manejo exclusivo de un único proveedor de prótesis. Hoy hay cinco prestadores habilitados y trece bancos de prótesis distribuidos en toda la provincia, lo que agilizó la entrega, mejoró la atención y redujo costos.

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La nueva obra social para los entrerrianos

La transformación del Iosper no es solo un hecho administrativo. Es la base sobre la cual se impulsa la creación de una nueva obra social: la OSER (Obra Social de Entre Ríos). El proyecto de ley, ya presentado en la Legislatura, propone un esquema con control público, reglas claras, topes salariales y un enfoque centrado en el afiliado.

Los ataques sindicales que hoy intentan frenar esta reforma no son gratuitos: responden a la resistencia de quienes se niegan a perder privilegios y poder tras más de dos décadas de manejo corporativo.

Pero el rumbo es claro. El Estado entrerriano está decidido a terminar con un modelo que financió la corrupción con el aporte de todos, y a construir un sistema que garantice prestaciones de calidad, equidad y transparencia.