Una violencia que no se ve, pero que aumenta y deja marcas en cada clic

A veces no hay golpes, ni gritos, pero el mismo impacto. El daño ocurre tras una pantalla, con un clic o con una imagen difundida, con un nivel de violencia igual e incluso mayor que en la vida real. La violencia de género digital existe, y crece en silencio con el aumento de la digitalización de las actividades diarias.

Por eso, un proyecto de ley busca visibilizarla, prevenirla y concientizar sobre este fenómeno que afecta cada vez más a mujeres de todas las edades. El “Programa Provincial de Prevención, Sensibilización y Concientización sobre Violencia de Género Digital” fue presentada por la ex diputada provincial Mariana Farfán junto con la legisladora Silvia Moreno en 2022.

“Nace a partir de situaciones que vi en mi ciudad, Gualeguaychú, con casos muy graves de difusión no consentida de imágenes íntimas. Hubo mujeres que perdieron trabajos, otras que sufrieron crisis familiares, y una que incluso tuvo que mudarse de ciudad”, contó Farfán a UNO.

El poder del clic

La propuesta establece una serie de medidas para educar, prevenir e intervenir. Se define la violencia de género digital como cualquier acto violento que se comete o agrava a través de tecnologías de la información y la comunicación como celulares, perfiles en redes sociales, mensajes de texto o correos electrónicos, y que afecta desproporcionadamente a mujeres por su condición de género.

El artículo 5 del proyecto enumera más de una decena de conductas incluidas en esta categoría: desde la publicación de imágenes íntimas sin consentimiento, el acoso en redes, la creación de perfiles falsos, hasta el trolleo sistemático, los discursos de odio y la difusión de datos personales.

También contempla situaciones menos visibilizadas, como la vigilancia constante de la vida digital de una persona o el uso de redes para evadir medidas judiciales, como las perimetrales y las prohibiciones de acercamiento.

“El problema es que muchas veces ni siquiera se reconoce que eso es violencia. Está tan naturalizado que cuesta identificarlo, y cuando alguien lo denuncia, no siempre sabe a quién acudir. El Estado tiene que garantizar esas herramientas y desde edades muy tempranas”, sostuvo Farfán.

Escuelas y redes

Uno de los ejes centrales del programa es la educación. El proyecto propone trabajar en conjunto con el Consejo General de Educación (CGE) para capacitar a docentes y estudiantes de todos los niveles, tanto en escuelas públicas como privadas.

La idea es llevar talleres, seminarios y materiales a las aulas que permitan a niñas, niños y adolescentes entender qué es la violencia digital, cómo detectarla y qué hacer frente a ella. La ley también apunta a desarrollar campañas masivas de difusión y protocolos específicos para actuar frente a estos hechos.

“No podemos modificar el Código Penal desde una ley provincial, ni incorporar nuevas figuras a la Ley Nacional 26.485. Pero sí podemos trabajar en la prevención, la concientización y en brindar información clara sobre cómo actuar. Por eso es fundamental que esta ley tenga una reglamentación rápida”, explicó la ex legisladora entrerriana.

En ese sentido, el proyecto obliga al Poder Ejecutivo a reglamentar la ley en un plazo no mayor a los tres meses de su sanción.

Un problema real

El impacto de la violencia de género digital cruza la pantalla. Según datos de Naciones Unidas, una de cada diez mujeres ha sufrido alguna forma de violencia en línea desde los 15 años.

“Y eso fue en 2018. Hoy, en 2025 la situación es aún más grave donde la mayoría de las actividades cotidianas ya se realizan en entornos digitales: trabajamos, compramos, nos divertimos, aprendemos, nos informamos. Vivimos gran parte del día conectados”, remarcó Farfán.

La autora del proyecto señaló que, en promedio, más del 70% del tiempo de una persona transcurre en espacios virtuales. “Desde edades muy tempranas, niñas y niños conviven con lo digital, comparten información, se dan a conocer, y quedan expuestos”, acotó.

El Estado “tiene la responsabilidad de actuar y de llegar antes de que el daño ocurra”, completó Farfán. El texto también pone el foco en los derechos que se ven vulnerados con este tipo de violencia: la salud mental, la privacidad, la dignidad, la libertad de expresión y el derecho a la propia imagen, entre otros.

En algunos casos, la presión y la humillación sufrida por las víctimas puede derivar en cuadros depresivos graves, aislamiento social e incluso suicidios.

Mirada a futuro

Mientras la actualidad propone debatir los límites de la libertad en las redes y los riesgos de la sobreexposición digital, la provincia retomará el debate de esta iniciativa. Según la ex diputada, la violencia “muta, se adapta, innova en sus formas. Y el derecho tiene que hacer lo mismo. No se puede seguir pensando lo digital como un mundo aparte”.

El proyecto no busca criminalizar las redes ni censurar el uso de la tecnología, sino -en una primera instancia- enseñar a convivir en un entorno virtual respetuoso, consciente y libre de violencias. Y luego, dar herramientas a las nuevas generaciones para identificar, nombrar y visibilizar aquello que muchas veces se calla o se minimiza.

¿Cómo? Fortaleciendo la capacidad del Estado para llegar antes: educación, campañas, información clara, espacios abiertos a la charla y con un enfoque integral que involucre a distintos organismos y actores sociales. “Se trata de prevenir, de dar herramientas, y de no naturalizar algo que lastima”, resumió Farfán.

Mañana 13 de mayo, la Cámara de Diputados de Entre Ríos tendrá una reunión conjunta de comisiones para tratar este proyecto, con un debate que ya comenzó pero que tendrá capítulos nuevos para lograr una ley a la altura de estos tiempos.