Un entramado de reclamos por falta de pagos a trabajadoras domiciliarias, la suspensión de atenciones médicas en internación por parte de la Federación Médica de Entre Ríos y el impacto económico del Fondo Voluntario sobre los salarios mantienen en estado de alerta a los afiliados de la Obra Social de Entre Ríos (OSER).

Mientras las familias recurren a colectas solidarias y amparos judiciales ante emergencias médicas, desde la conducción del organismo sostienen que los descuentos responden a auditorías por inconsistencias en la facturación.

El conflicto médico

El sistema sanitario provincial sumó un duro capítulo tras la decisión tomada por la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) de disponer la suspensión transitoria de la atención médica en internación a los afiliados de la Obra Social de Entre Ríos, medida que comenzó a regir desde el lunes 2.

La determinación institucional fue notificada formalmente al directorio de la obra social como consecuencia de los reiterados reclamos por débitos considerados injustificados sobre los honorarios profesionales. Según precisó la entidad médica, estos descuentos fueron aplicados sobre prestaciones en internación facturadas durante los meses de junio y julio de 2026.

Desde la conducción de Femer indicaron que, previo a formalizar el reclamo el pasado 28 de octubre y resolver la suspensión, se llevaron a cabo múltiples instancias de diálogo y reuniones de trabajo destinadas a unificar criterios normativos, subsanar fallas en los sistemas informáticos y fijar un esquema para la devolución de los montos retenidos. Sin embargo, ante la persistencia de los incumplimientos y la falta de plazos concretos para regularizar las deudas, la entidad optó por interrumpir el servicio.

La medida de fuerza contó con el respaldo explícito del Círculo Médico Departamento Paraná, desde donde enfatizaron que la retención de honorarios genera un perjuicio económico directo sobre los profesionales que efectivamente brindaron las prestaciones. A esta situación se suma la preocupación por el atraso acumulado en los aranceles médicos fijados por OSER, por lo que ambas instituciones exigieron soluciones urgentes para restablecer la atención en condiciones justas.

"Auditar no es dejar de pagar"

Ante el alcance del anuncio de Femer, las autoridades de OSER emitieron una aclaración pública en la que rechazaron que existan descuentos arbitrarios y justificaron los débitos aplicados como el resultado estricto de controles de auditoría técnica.

Argumentaron que, tras revisar las facturaciones presentadas por Femer en dos períodos consecutivos, los equipos de auditoría detectaron diversas irregularidades administrativas y prestacionales. Entre los hallazgos señalados por la obra social se encuentran la inclusión de códigos correspondientes a prácticas no contempladas en el nomenclador vigente, la falta de registros médicos que avalen las atenciones declaradas, presentaciones fuera de los plazos establecidos y posibles duplicaciones en el cobro de una misma intervención quirúrgica.

Se remarcó que las observaciones fueron comunicadas en tiempo y forma a la Federación para su corrección. Si bien la obra social admitió que pueden suscitarse diferencias de interpretación técnica, remarcó que las inconsistencias de facturación no pueden catalogarse como recortes injustificados ni trasladarse como un conflicto hacia los beneficiarios.

Asimismo, la conducción de OSER desmintió categóricamente que se hayan suspendido las internaciones o cirugías de manera generalizada en la provincia. Y aclaró que la medida adoptada por Femer afecta de forma exclusiva a los honorarios por consultas médicas durante la internación que son realizadas por profesionales adheridos a dicha federación. En contraposición, informaron que los médicos que se desempeñan de manera independiente o mediante otras asociaciones continúan prestando servicios con normalidad.

Respecto a las vías de solución, OSER confirmó que sus equipos técnicos mantienen un proceso de conciliación con Femer para destrabar las diferencias en el transcurso de la semana, sosteniendo que el proceso de auditoría es indispensable para garantizar que los recursos públicos de la salud se destinen efectivamente a la atención de sus beneficiarios.

“Riesgo de vida”

La interrupción de la cobertura médica en internación generó un impacto directo y dramático sobre pacientes en situación de extrema vulnerabilidad. Uno de los casos más críticos es el de Mario Córdoba, funcionario policial en actividad perteneciente a la Comisaría 3ª de Concordia, quien está como paciente ambulatorio, aun padeciendo una pancreatitis severa con compromiso vesicular y requiere una cirugía denominada Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica (CPRE).

El agente figura en los registros como paciente ambulatorio ante la falta de cobertura activa por parte de OSER en Concordia. El costo total de la intervención quirúrgica asciende a $5.000.000, una cifra elevada para su familia.

Ante la desesperante situación, su esposa, Soledad Hariri, encabeza una campaña solidaria mediante la plataforma Mercado Pago a través del alias soledad.hanri (a nombre de Soledad Hanri), con el objetivo de reunir los fondos que permitan financiar la operación que salve la vida del oficial.

El caso generó la intervención de camaradas y especialistas. El licenciado Víctor Olivera, funcionario policial retirado e integrante de una consultoría técnica, desmintió la postura de OSER respecto a la continuidad del servicio y calificó la situación de extrema gravedad: "Es totalmente responsable la obra social ante el afiliado. Si se corta la obra social debe garantizar el 100% de la prestación, porque si no hay un abandono de personas agravado", expresó a La Red Paraná.

Frente al peligro inminente para la vida de Córdoba, la consultoría aconsejó a la familia presentar de forma urgente un amparo de salud con medida cautelar en los tribunales, adjuntando la historia clínica, el presupuesto de la operación y la constancia de negativa de atención.

Este caso reavivó entre los afiliados el recuerdo de otros antecedentes de demoras prestacionales. Representantes de la Asamblea de Afiliados de Iosper (ahora OSER) evocaron el caso del señor Godoy, un trabajador municipal de 50 años que padecía una afección cardiológica y falleció tras sufrir dilataciones en la entrega de su marcapasos, hecho que dio origen en su momento a una denuncia penal contra la intervención de la obra social.

Cuidadoras domiciliarias

A la crisis médica se suma la compleja situación que atraviesan las trabajadoras que brindan asistencia en el hogar a adultos mayores, enfermos crónicos y personas con discapacidad. Cuidadoras domiciliarias y familiares de pacientes convocaron este martes a una manifestación en la sede de OSER para exigir la regularización inmediata de las deudas. A la acción concurrió muy poca gente por cuestiones climáticas.

Melania Hernández, representante de las trabajadoras, denunció que las cuidadoras acumulan tres meses consecutivos sin cobrar sus servicios a los beneficiarios de la obra social. Remarcó que la falta de pago no solo vulnera el sustento de trabajadoras en situación social y económica frágil, sino que provoca el corte de una asistencia cotidiana vital para pacientes dependientes.

El drama impacta de lleno en la rutina de las familias afiliadas. Entre los testimonios recabados se destaca el de Jonathan Álvarez, un joven que tiene a su cargo el cuidado de su hermano con discapacidad, quien explicó que, ante la imposibilidad de las cuidadoras de seguir asistiendo a su hogar por la falta de cobro de las prestaciones, se vio obligado a solicitar permisos especiales en su trabajo para poder hacerse cargo personalmente de la atención de su hermano.

Fondo Voluntario: la voz de los afiliados

En declaraciones periodísticas brindadas a Radio La Red Paraná, Graciela Benavídez, afiliada a la obra social e integrante de la Asamblea de Afiliados de Iosper que acompaña el reclamo de las trabajadoras que incluyen atrasos en la liquidación de cuidadores, demoras crónicas en reintegros y falta de cobertura en medicamentos.

Benavidez puso foco en el impacto financiero que significa el cobro del Fondo Voluntario de Servicios Especiales (FVSE), una caja administrada por el directorio de OSER para financiar atenciones de internación sin cobro de coseguros. La representante de la asamblea cuestionó la política de incrementos periódicos: "La conducción de OSER está aumentándolo periódicamente, lo cual es contraproducente para los salarios porque no acompañan el aumento salarial que tenemos. O sea, están resolviendo la cuestión económica interna, muy complicada, pero con nuestro bolsillo".

Para ilustrar el impacto sobre los ingresos de los trabajadores provinciales, desde la Asamblea de Afiliados precisaron que, tras el aumento aplicado a partir del período de octubre de 2026, a un empleado percibiendo el salario mínimo provincial de $792.720 se le descuentan $19.700 mensuales en concepto de FVSE.

Las organizaciones de afiliados enmarcaron estas falencias dentro de un deterioro estructural desde la transformación del histórico IOSPER en OSER, señalando que las demoras en las prestaciones sobrecargan de manera directa la guardia y los servicios de los hospitales públicos provinciales.

Durante la manifestación realizada por la mañana frente al edificio de calle Andrés Pazos, los manifestantes señalaron la presencia intimidatoria de un móvil policial. Pese a ello, tanto las cuidadoras domiciliarias como las agrupaciones de afiliados hicieron un llamado a la organización colectiva para visibilizar el conflicto y exigir medidas urgentes que garanticen el derecho fundamental a la salud.