La justicia de Ecuador aceptó una acción de protección para que el Estado adopte “medidas necesarias para eliminar la sobrepoblación carcelaria”, que asciende al 30% en todo el país, y le dio un plazo de cinco días para cumplir la orden, lo que parece de cumplimento imposible, informó hoy la prensa local.
Ecuador obligado a eliminar superpoblación en sus cárceles
La Justicia de Ecuador le ordenó al gobierno eliminar la superpoblación carcelaria en cinco días. En febrero pasado hubo 79 muertos en cuatro motines
11 de marzo 2021 · 08:00hs
Más de 200 personas murieron como consecuencia de la violencia en las unidades penales.
El juez Ángel Mestanza hizo lugar a una presentación del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica (CDH-PUCE) y la Fundación Regional de Asesoría en DDHH (Inredh).
Para decidir el número de personas que podrá mantener presas, el juez exigió al Estado que tenga en cuenta la capacidad instalada en los centros de rehabilitación social, el número de penitenciarios disponibles de acuerdo con las normas internacionales y el estricto cumplimiento de las normas de distanciamiento social ordenadas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional.
Según Inredh y CDH-PUCE, el juez dispuso el viernes pasado que el presidente Lenín Moreno convoque al Directorio del Sistema Nacional de Rehabilitación para que, con la participación directa de la Defensoría del Pueblo y las demás instituciones estatales demandadas, adopten las medidas necesarias para “eliminar la sobrepoblación carcelaria del país”.
La decisión del juez aparece como una consecuencia directa de la serie de motines del último 23 de febrero, que dejaron 79 muertos en cuatro penales.
La presentación de Inredh y CDH-PUCE va contra el presidente, la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía General del Estado (FGE); la Secretaría Nacional de Planificación “Planifica Ecuador” y la Procuraduría General del Estado.
La medida apunta a que la justicia declare la violación de los derechos, como el acceso a la justicia, a la rehabilitación social, a la integridad personal, a la no discriminación y a la salud de las personas privadas de su libertad, “por la falta de una política nacional integral de política penal y de rehabilitación social”, reportó el diario El Comercio.
En la demanda, las dos organizaciones defensoras de los derechos humanos advierten que la “violencia sistemática se ha cobrado la vida de 247 personas privadas de libertad (PPL) desde el año 2010”.
Para la CDH-PUCE e Inredh, es “imperante” que el Estado se responsabilice por la crisis carcelaria que se vive en el país y que se establezca una comisión permanente de revisión y análisis del sistema ecuatoriano, en la que obtenga, a mediano y largo plazo, “reformas integrales a la seguridad y la rehabilitación, con propuestas de un uso racional del sistema penal”.