El Gobierno eliminó programas de fomento a pymes

El Gobierno eliminó una serie de programas y estructuras que tenían como objetivo fomentar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas (pymes). A criterio del Ejecutivo eran “ineficientes, discrecionales y estériles” y afectaban la dinámica del libre mercado.

La medida se oficializó a través del decreto 339/24. Los considerandos de la norma se apoyan en que el Decreto N° 70/23 estableció que el Estado Nacional “promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo”.

Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el objetivo es quitar distorsiones que afectan el libre mercado y perjudican a las pequeñas y medianas empresas (Pymes)

Milei dijo que si se aprueba la Ley Bases hará cambios en el Gabinete.

“Dicho decreto establece que para cumplir con ese fin se dispondrá la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional, y quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”, explica.

“En ese espíritu el Decreto Delegado 339/24, firmado por el Presidente Javier Milei, deroga más de 20 artículos de las leyes 24.467 y 25.872, eliminando una red de programas y estructuras estatales que decían ‘fomentar’ a las PyMEs, pero que en realidad eran ineficientes, discrecionales y estériles. Un expendio de recursos para beneficio de algunos privilegiados", afirmó Sturzenegger.

“Hoy el verdadero apoyo a la PyMES está en el modelo de la libertad. En lo que lleva de mandato, el gobierno de Milei redujo la inflación, liberó el tipo de cambio, eliminó miles de regulaciones, reinstaló las sociedades anónimas simplificadas, y le devolvió el crédito al sector productivo”.

“El crédito a MiPyMEs, pasó del 1,1% al 1,9% del PBI, durante el ultimo año (+72%). Una política PyME no son programas vacíos ni planes marketineros, se construye con una macro estable, menos trabas, menos impuestos, acceso al crédito y libertad para producir. VLLC!”, agregó.

Qué se eliminó

Puntualmente, se eliminan varios artículos de la la Ley N° 25.872, el texto que creó el Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven. Esta tenía los objetivos de:

• fomentar el espíritu emprendedor en la juventud, promoviendo la creación, desarrollo y consolidación de empresas nacionales;
• brindar herramientas fiscales y financieras, en el marco de las políticas del Estado, con el objeto de crear y afianzar proyectos elaborados por la juventud empresaria;
• promover la inserción en mercados nacionales e internacionales de bienes y servicios industriales, elaborados o prestados por la juventud emprendedora;
• incentivar la elaboración de proyectos, ejecutados por la juventud empresaria, que incorporen innovación tecnológica
• articular la acción del Estado con entidades empresarias, organizaciones no gubernamentales, universidades y empresas.

El Ejecutivo cree que “los programas creados mediante las Leyes 24.467 y 25.872 resultan distorsivos de los precios, impidiendo la dinámica natural del libre mercado”.

El artículo 13 de la ley 24.467, uno de los derogados, establecía que “el Ministerio de Producción organizará una Red de Agencias de Desarrollo Productivo que tendrá por objeto brindar asistencia al sector empresarial en todo el territorio nacional y coordinar acciones tendientes al fortalecimiento del entramado institucional con el objetivo de alcanzar un desarrollo sustentable y acorde a las características de cada región”.

Igualmente, el decreto aclara que “las derogaciones dispuestas no eximen al Estado Nacional ni a ningún otro sujeto obligado del cumplimiento de las obligaciones válidamente asumidas durante la vigencia del régimen o programa”.