La Justicia de la ciudad de Paraná autorizó la realización de una pericia psiquiátrica oficial al sacerdote César Schmidt, de 67 años, con el propósito fundamental de determinar si presenta alguna condición de salud mental que incida sobre su imputabilidad y sobre su capacidad para comprender la naturaleza y las consecuencias de sus actos. La resolución fue adoptada este jueves por la jueza de Garantías Marina Barbagelata, en el marco de la causa caratulada como tentativa de homicidio, que investiga la grave electrocución sufrida por el niño Esteban Bogado, de 11 años, ocurrida el pasado 8 de marzo alrededor de las 13 en el domicilio del religioso.

Como contó UNO, el hecho tuvo lugar en el ingreso a la vivienda ubicada en calle Lamadrid 2145 de la capital entrerriana, donde el menor sufrió una fuerte descarga eléctrica tras tomar contacto con una malla sima que el imputado había conectado a una línea de 220 V. En el mes de junio, la fiscal Patricia Yedro concluyó la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y solicitó formalmente la elevación de la causa a juicio oral. Sin embargo, la audiencia prevista para resolver dicho pedido debió ser cerrada a raíz del planteo de los abogados defensores Mario Martínez y Alejandra Pérez, quienes solicitaron la realización de la prueba psiquiátrica antes de avanzar hacia el debate oral.

Durante la audiencia, la abogada defensora Pérez fundamentó la solicitud de realización de la evaluación psiquiátrica. La letrada sostuvo que la pericia resulta una prueba fundamental, amparada en los preceptos de la Ley Nacional de Salud Mental, orientada a resguardar el derecho a la salud mental del imputado, el respeto al debido proceso legal y el principio constitucional de no discriminación.

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Asimismo, la representación técnica del religioso reveló que Schmidt registra un amplio historial de internaciones vinculadas a afecciones psicológicas y psiquiátricas desde el año 2009. Entre los centros médicos citados figuraron el Sanatorio Adventista del Plata, el Sanatorio Evangélico de Ramírez y la Escuela de Salud Mental.

Un aspecto central del debate técnico-jurídico giró en torno a una evaluación psicológica del legajo judicial, en la que se consignaba que el sacerdote estaba orientado en tiempo y espacio. La defensa argumentó que la orientación temporal y espacial no implica estar orientado "en persona", ni resulta suficiente para dictaminar su imputabilidad. Se explicó que una persona puede estar ubicada temporal y espacialmente y, sin embargo, presentar patologías que afecten su capacidad de autodeterminación.

Para la defensa, esta distinción adquiere trascendencia crítica ante la acusación del Ministerio Público Fiscal, que atribuye a Schmidt un accionar de tipo subjetivo doloso. Al respecto, la defensora Pérez planteó que si la evaluación demuestra que el imputado no poseía suficiente comprensión de las consecuencias de sus actos, la hipótesis del dolo quedaría cuestionada, lo que podría repercutir sobre la calificación legal del hecho.

Consenso entre las partes

El planteo de la defensa contó con la conformidad expresa de la fiscal Patricia Yedro, del querellante Leopoldo Cappa y de Susana Carnero, en representación del Ministerio Pupilar. Al dictar su resolución, la jueza Barbagelata coincidió en que la condición mental debía evaluarse mediante un peritaje, disponiendo la designación de un perito psiquiatra oficial y autorizando a las partes a proponer peritos de parte y puntos de pericia.

No obstante, la magistrada decidió no suspender la elevación a juicio, ordenando que la medida de prueba se realice e incorpore al trámite procesal. Barbagelata dispuso que si las partes no acuerdan los puntos periciales se convocará a una nueva audiencia, y que una vez adjuntado el informe, se podrá pedir otra audiencia para definir los pasos a seguir.