“El ruso”. Así lo llamaba el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros a Luis Alfonso Erbes, exsubsecretario de Presupuesto y Finanzas de Entre Ríos, con quien mantenía contacto frecuente para seguir de cerca los pagos de contratos estatales. El apodo también aparecía en comunicaciones internas en las que el empresario hacía referencia a presuntos sobres de dinero que le entregaría como dádivas.

Erbes, de 57 años, atravesó un complejo derrotero judicial: en 2022 fue sobreseído en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, pero ahora se encamina a una condena en un expediente por coimas vinculadas a contrataciones públicas durante la gestión del exgobernador Sergio Urribarri.

El sobreseimiento previo se dictó tras cuestionamientos a la investigación fiscal. El juez interviniente señaló que la Fiscalía no avanzó con medidas clave durante años y que recién en abril de 2022, más de cinco años después del inicio de la causa en agosto de 2016, citó a empresarios como testigos, lo que configuró una violación al plazo razonable.

Sin embargo, la situación judicial de Erbes dio un giro en el marco de otra investigación. La Oficina de Gestión de Audiencias informó que el próximo 31 de marzo se realizará una audiencia de juicio abreviado ante el juez Juan Malvasio, tras un acuerdo entre los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro, y los defensores Andrés Bacigalupo y Franco Azziani Cánepa.

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Acusación

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, Erbes integraba una “mesa de negocios” junto a otros funcionarios y el propio Urribarri, destinada a favorecer a la empresa de Cardona Herreros -accionista y titular de la firma Relevamientos Catastrales- en procesos licitatorios para la provisión de software al Estado provincial.

Cabe recordar que en 2025 el exministro de Trabajo Guillermo Smaldone firmó un acuerdo de juicio abreviado en el que admitió haber recibido sobornos durante su gestión. Fue condenado a la pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional, más la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública.

En febrero de este años fue el turno de Miguel Ángel Ulrich, exdirector de Ajustes y Liquidaciones; y Humberto Flores, exsecretario de Hacienda, quienes reconocieron haber sido autores de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho y peculado. Flores fue condenado a dos años de prisión condicional, una multa de 180 mil pesos y la realización de tareas comunitarias, por dos hechos imputados. Y Ulrich acordó dos años y diez meses en suspenso, una multa superior a los 300 mil pesos y tareas comunitarias, por cuatro hechos.

Los correos y chats contra Erbes

En el expediente se incorporaron correos electrónicos y mensajes que comprometerían a los acusados. Erbes, en el teléfono de Cardona Herreros, aparecía agendado como “ERios, Ruso Herbes”. En uno de los mensajes recuperados, fechado en noviembre de 2011, Cardona Herreros menciona haber hablado “con el ruso”, en alusión a Erbes.

En otro intercambio de 2014, señala que el exfuncionario gestionaba documentación para destrabar pagos, lo que —según los fiscales— evidencia la intervención directa de funcionarios en beneficio de la empresa. “Me avisa el ruso, que puede que salga hoy, pero estaba vencido el libre deuda, él ya lo pidió a rentas, si se lo dan hoy libera ambos pagos, en el peor de los casos sale domani”, le informaba el empresario a un empleado, según consta en el escrito fiscal de remisión a juicio.

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La Fiscalía sostiene que estas maniobras formaban parte de un esquema más amplio en el que la provincia habría pagado sobreprecios en contrataciones, cuyos excedentes se destinaban al pago de coimas a funcionarios. "Puede observarse cómo eran los propios funcionarios venales del Estado Provincial quienes se encargaban de regularizar la documentación necesaria para que los pagos a la contratista salieran, lo que claramente debía estar a su cargo", sostienen.

Según la acusación, Erbes actuó con pleno conocimiento de las negociaciones entre Urribarri y Cardona Herreros, participando activamente en los procesos que derivaron en adjudicaciones cuestionadas.