Oscar Muntes, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), manifestó su oposición al proyecto de reforma jubilatoria, con media sanción del Senado y que ingresa a la Cámara de Diputados este miércoles. Aseguró que el proyecto que busca convertir en Ley el Gobierno provincial está cargado de inconsistencias y advirtió que “hay una gran posibilidad de que el conflicto se judicialice”.

Subrayó que la preferencia del sector es que la política resuelva el conflicto antes de llegar a los estrados, dejó en claro que no se quedarán "de brazos cruzados" ante lo que consideran una violación a la Carta Magna. Según el dirigente, diversos sectores, incluidos abogados y magistrados, coinciden en que la reforma es inconstitucional.

"Esperemos no llegar a esta definición legal porque lo tiene que resolver primero la política", señaló en diálogo con UNO, aunque reconoció que, de sancionarse la ley, recurrir a la Justicia es una alternativa que viene siendo discutida internamente entre los gremios que integran la Multisectorial.

Enseguida, ahondó: "Nosotros, como primera alternativa, creemos que es la política que es la que tiene que resolver antes de llegar a la judicialización. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la judicialización estamos dependiendo de que la justicia resuelva un derecho. Sí, hemos hablado con muchos sectores y tenemos definiciones de que la gran parte de esta reforma es inconstitucional. Lo han planteado los mismos abogados y los mismos magistrados. Esperemos no llegar a esta definición legal".

La postura de Muntes también incluyó una fuerte denuncia hacia el proceso legislativo. Tras la media sanción en el Senado a favor del proyecto oficialista, el dirigente criticó lo que denominó como "acuerdos espurios" entre los senadores peronistas Gladys Domínguez y Nancy Miranda, que votaron a favor, y el gobierno.

Para el entrevistado, estas prácticas representan "lo peor de la política" y alimentan el cansancio de una población que cuestiona el accionar de sus representantes. A pesar de esto, defendió la política como herramienta de desarrollo, diferenciándola de los políticos que llevan adelante estas prácticas.

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Además de la reforma previsional, vinculó su malestar con otras medidas gubernamentales, como el decreto de concurso, al que calificó de "barbaridad". Según explicó, esta normativa castiga y deja fuera de juego a los sindicatos minoritarios, sumando otra "inconsistencia" por la cual seguramente estarán recurriendo a la justicia.

Ante este escenario de tensión, el sector gremial se mantiene en alerta, esperando que el debate político pueda frenar una ley que consideran regresiva y legalmente vulnerable.

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Actualidad del empleado estatal

Sobre las condiciones salariales de los estatales, Muntes describió: "La situación nuestra es muy difícil en el Estado provincial. La pérdida del poder adquisitivo desde que asumió este gobierno en diciembre de 2023 hasta la actualidad, es de 41,4%. Desde el primer momento el gobierno nos dijo 'hay que aguantar los primeros seis meses porque después vendrá un plan de recuperación salarial'. Y aún lo estamos esperando".

"Hay cientos de compañeros que se quedaron sin trabajo. Hay contratos que han caído y una andanada de sumarios contra los trabajadores. Pérdida de poder adquisitivo, del trabajo y el Estado que aún no arranca hasta ahora", agregó.

Finalmente, refirió que la situación de los trabajadores se ve agravada en los municipios. "Nosotros tenemos garantizado como mínimo salarial unos $980 mil y un $1.000.100. En los municipios estamos peores. Hay un solo municipio que llega al millón de pesos como mínimo garantizado. Duele muchísimo. Hay salarios de $220 mil, $340 y $400 mil pesos. Hay diferentes formas de contratos en el interior, donde le municipio es el único lugar que trata de contener. La situación de los municipios es más compleja cuando damos el debate por la reforma previsional, porque en los municipios hay salarios muy bajos y precarización laboral. Esto repercute en la jubilación", cerró.